El Gobierno regional califica la propuesta de "nueva extorsión a las comunidades autónomas"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado hoy por escrito a todas las comunidades autónomas la propuesta que el ejecutivo central planteará el viernes en la Conferencia de Presidentes en Barcelona para alcanzar un Acuerdo Estatal para la Vivienda. La idea es triplicar el presupuesto que el plan ha tenido entre 2022 y 2025 y pasar de los actuales 2.300 millones de euros a unos 7.000 para el periodo 2026-2030. La Administración General del Estado aportaría en torno a 4.000 millones de euros, con la condición de que las comunidades autónomas asuman el compromiso de inyectar al menos 2.700 millones.
La propuesta plantea además blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública, de forma que sea imposible que sean descalificadas y puedan acabar vendiéndose en el mercado libre a precios elevados o siendo adquiridas por fondos buitre, como ha ocurrido con una parte importante del parque de vivienda pública creado en las últimas décadas.
El tercer eje de la propuesta del Gobierno central es crear un sistema público de información que permita a los ciudadanos conocer los precios reales de compraventa o alquiler en cualquier municipio de España. Ahora, esos datos sólo los manejan los portales privados que se dedican al mercado inmobiliario.
La carta de Pedro Sánchez termina confiando en que todas las administraciones estén a la altura y sea posible llegar a un acuerdo antes de verano.
El Gobierno regional critica lo que describe como "nueva extorsión a las comunidades autónomas" de Pedro Sánchez al lanzar una propuesta "unilateral" y "sin consensuar" sobre vivienda a menos de 48 horas de la Conferencia de Presidentes. Así lo ha expresado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro. El Ejecutivo autonómico observa que se trata de un acuerdo que Sánchez se saca de la chistera, del que no se informó en la reunión preparatoria, y que ahora llega a las puertas de la reunión sin que las regiones hayan podido estudiar o trabajar con detenimiento esta nueva propuesta de "yo invito y tú pagas" con la que exige que las comunidades paguen para que el Gobierno español pueda desarrollar sus políticas de vivienda.
García Montoro señala que Sánchez "exige contraprestaciones económicas para sus políticas de vivienda fallidas". Para el consejero murciano, "el Gobierno de Sánchez tiene poca o ninguna credibilidad en materia de vivienda", ya que la ley "que pactó y anunció Bildu ha provocado que suban los precios y se reduzca el número de viviendas disponibles", lo que demuestra que "ha sido un fracaso".
En este sentido, se ha preguntado "dónde están las 180.000 viviendas que anunció en campaña electoral Pedro Sánchez, entre las que estaban en Carraclaca, en un secarral a las afueras de Lorca". García Montoro lamenta que estemos "ante otro anuncio vacío en el que el Gobierno de Sánchez se parapeta detrás de las comunidades autónomas para no asumir sus responsabilidades y sus fracasos".
Precisamente ayer el SEPES publicó la licitación del proyecto de edificación de una promoción de 26 viviendas en la pedanía murciana de Sangonera la Seca, que irán destinadas a alquiler asequible. Se trata de un edificio de cinco plantas, en la calle Maestro Pedro Aparicio Inglés nº 6, que pasará a formar parte del parque estatal de vivienda asequible, de forma que todas las viviendas estarán protegidas de manera indefinida. La Delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, decía que esta actuación entronca con la propuesta que el presidente Sánchez ha hecho llegar a las Comunidades Autónomas para blindar la vivienda pública.
El economista Diego Peñarrubia, que conoce bien la realidad de la vivienda en la Región, cree que el punto de partida de esta propuesta del presidente Sánchez es el correcto. Triplicar el presupuesto del Plan de Vivienda Pública, nos dice, está plenamente justificado por la gravedad del problema; limitar la desclasificación de esas construcciones va también en la buena dirección, porque España tiene hoy uno de los parques de vivienda pública más raquíticos de nuestro entorno, a pesar del esfuerzo histórico que ha hecho en esta materia.
Peñarrubia, que ha dirigido varios informes sobre el mercado inmobiliario encargados por el Consejo Económico y Social de la Región, dice que el contenido de la carta que Presidencia del Gobierno ha enviado a las Comunidades Autónomas mantiene la idea —aplicada por Ejecutivos de distinto signo político— de que estos planes estatales de vivienda deben ser cofinanciados por la administración central y las autonómicas. El notable incremento del presupuesto total está, a su juicio, totalmente justificado.
Lo que sí implica un cambio significativo respecto a la normativa actual es la apuesta por mantener indefinidamente la clasificación de las viviendas construidas con financiación pública, para evitar que estas puedan acabar en el mercado libre o en manos de fondos de inversión. Que no haya sido así hasta ahora es precisamente lo que ha provocado que el parque de vivienda pública sea tan escaso, a pesar del esfuerzo de inversión que nuestro país ha hecho históricamente en esta materia.
Es cierto, aclara Peñarrubia, que todavía hay muchos detalles por definir. Por ejemplo, personalmente considera que lo ideal sería establecer regímenes distintos según se tratara de vivienda en propiedad o en alquiler.
Audio: Jorge García Montoro / Mariola Guevara / Diego Peñarrubia
