La Fiscalía de la Región de Murcia ha pedido la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial del caso penal de la tragedia de Atalayas. En un extenso escrito al que se han sumado algunos familiares de las víctimas, el Ministerio Público solicita penas de hasta ocho años y medio de prisión aparejadas a distintas inhabilitaciones en función de la responsabilidad. 

A cinco de los siete acusados, el Ministerio Fiscal pide la pena de ocho años y medio de prisión, más penas accesorias. A cuatro de ellos —el administrador de Teatre, el administrador de hecho de esa discoteca y la encargada, además del administrador de Fonda Milagros— la inhabilitación para gestionar negocios relacionados con la restauración y con personal a su cargo durante el tiempo de la condena.

Para el último de este primer grupo de acusados, el autor de la división de los dos locales, también se pide la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial durante once años. A los otros dos acusados, penas de siete años y nueve meses (para el propietario de la máquina de frío) y de cuatro años (para el organizador de la fiesta). 

El escrito de la Fiscalía también establece la responsabilidad civil directa de las aseguradoras Axa, Allianz y Caser, y subsidiaria de Teatre Murcia SL, al pago de las indemnizaciones millonarias que suman cerca de 5,3 millones de euros.

Apunta como responsables civiles directas a las aseguradoras de las discotecas y del pinchadiscos y como responsable civil subsidiario a la empresa Teatre Murcia S.L. y pide más de 4,3 millones de euros en indemnizaciones para los familiares de los 13 fallecidos, a los que se suman más de 38.000 euros para doce personas que sufrieron lesiones y casi 865.000 euros más por los daños causados en la nave y los negocios colindantes. 

Las acusaciones particulares, de la mano

Las acusaciones coinciden en las penas solicitadas por el fiscal, pero matizan algunas de las indemnizaciones solicitadas, al tiempo que señalan la existencia de graves fallos en el control administrativo por parte del Ayuntamiento de Murcia.

El abogado Pedro López Graña, representante de varias víctimas, subraya que, en caso de atenderse las demandas de hijos, padres y hermanos de fallecidos, las indemnizaciones serán de varios millones de euros, cuantía que no se podría abonar con la cuantía asegurada.

López Graña recalca que conseguir el pago de las indemnizaciones va a ser una batalla legal y por eso han pedido que la administración se haga cargo de parte de las indemnizaciones.

En la misma línea se pronuncia otro de los abogados de los afectados de las víctimas, José Manuel Muñoz, que ha pedido que no se aplique el baremo de tráfico, que ha aplicado la Fiscalía, pues recuerda que no se aplicó en el caso del Madrid Arena.

Muñoz ha explicado que "esto acaba de empezar" y pasarán años hasta que la justicia se pronuncie definitivamente sobre este caso.