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Policía y Fiscalía podrán intervenir si las comunidades se niegan a acoger a menores migrantes

Los profesionales encargados de su acompañamiento podrán solicitar su actuación

ROSALÍA SAURA
19 JUL 2025 - 14:54
Policía y Fiscalía podrán intervenir si las comunidades se niegan a acoger a los menores migrantes
Menores migrantes no acompañados. ARCHIVO
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Policía y Fiscalía podrán intervenir si las comunidades se niegan a acoger a menores migrantes
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El próximo Consejo de Ministros aprobará un decreto para forzar la entrega de menores inmigrantes en las Comunidades que lo rechacen. El Real Decreto establece el protocolo que habrá de seguirse para los traslados de los menores que comenzará a partir del 28 de agosto.

Los profesionales que acompañen al niño o adolescentes desde Canarias podrán pedir ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía y entregarán al menor a la entidad de destino, según ha explicado a Onda Regional, José Luis Juan, abogado de ACCEM.

Murcia es una de las diez comunidades españolas gobernadas por el PP, junto con Castilla La Mancha (PSOE),  que han recurrido ante el Tribunal Constitucional la reubicación de menores por invadir las competencias autonómicas

La norma señala que, en caso de que la comunidad se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino. Algo que solicitó el gobierno de Canarias, según ha explicado Sandra Rodríguez, directora general de protección a la infancia y familias del gobierno canario

La norma establece, por primera vez,  la obligatoriedad de que las comunidades se hagan cargo en su conjunto de los jóvenes que llegan a zonas como Canarias, Ceuta o Melilla en función de una serie de criterios como la población o la renta per cápita. Algo que ha despertado el rechazo de diez comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE).  

Se trata de la segunda norma que el Gobierno dicta sobre esta cuestión, después de aprobar el pasado 18 de marzo el real decreto ley que modificó la ley de extranjería para crear este mecanismo y tratar de responder a la situación crítica que vive Canarias, que atiende en sus recursos a unos 5.500 menores que han llegado solos a las islas.
 

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