El profesor de la UMU analiza la sentencia conocida este miércoles y sus posibles consecuencias para los trasvases
Una primera interpretación jurídica de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo nos indica que afectará inevitablemente al sistema de trasvases del Tajo al Segura, pero será el Gobierno central el que decida la gestión política de esta resolución judicial. Hablamos de la sentencia en la que el Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso presentado por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) contra el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado por el Real Decreto 35/2023.
El profesor Santiago Álvarez Carreño, experto en cuestiones hídricas y ambientales, recuerda que el Tribunal no suplanta al Gobierno con su dictamen, sino que indica al Poder Ejecutivo que no se pueden establecer excepciones en la protección ambiental de las masas de agua del Tajo.
Después, habrá que ver cómo se gestiona todo esto y cómo se interpreta técnicamente, es decir, qué decide el Ejecutivo.
Santiago Álvarez Carreño es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, y sus líneas de investigación en los últimos años giran sobre todo en torno al Derecho de Aguas y el Derecho del Medio Ambiente, además del Derecho de la Unión Europea.
En una aproximación inicial a la sentencia, conviene en que el Supremo anula la posibilidad de establecer excepciones para los objetivos medioambientales de las masas de agua protegidas.
Por lo tanto, la sentencia afirma que hay que proteger el caudal del Tajo y establecer los mínimos ecológicos, y ahora queda abierto el debate político y técnico para el desarrollo de lo que ha dictado el Supremo.
