CCOO y UGT critican a López Miras por asumir el discurso de Vox; CROEM analizará el impacto del rechazo al Pacto Verde Europeo en las empresas murcianas
Los sindicatos mayoritarios se muestran muy críticos con el acuerdo PP-Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025. Las secretarias generales de CCOO, Teresa Fuentes, y UGT, Paqui Sánchez, coinciden en mostrar su preocupación por la "deriva ultraderechista" del Gobierno de Fernando López Miras y responden con contundencia ante el compromiso de recortar las aportaciones de fondos públicos a los agentes sociales: los sindicatos de clase seguirán defendiendo los intereses de los trabajadores de esta Región.
La máxima responsable de CCOO, Teresa Fuentes, lamenta que el PP haya decidido asumir el discurso "racista y xenófobo" de Vox, que copie sus argumentos en la lucha contra el cambio climático y sus ataques a la clase trabajadora.
La secretaria general de UGT, Paqui Sánchez, recuerda que hace apenas unos días se reunió con el presidente López Miras y que, entonces, el Gobierno alabó el trabajo que los agentes sociales vienen haciendo para mejorar la Región. Hoy, señala Sánchez, no tiene ningún problema en cambiar radicalmente su discurso porque sabe que no tendrá coste electoral. Sánchez lamenta que la población murciana parezca anestesiada y no reaccione al acuerdo del PP con un partido que atenta contra la Constitución y que persigue a niños indefensos.
Sobre el discurso antiinmigración que el PP asume, Teresa Fuentes lamenta la situación en que pueden quedar los menores y los trabajadores del centro de acogida de Santa Cruz. Pero, sobre todo, se pregunta cómo pueden los populares ir contra los intereses económicos de esta Región, en la que los inmigrantes aportan más de una tercera parte del Producto Interior Bruto.
En cuanto a los recortes en los fondos públicos que se destinarán a los agentes sociales, Fuentes sostiene que el Gobierno pretende debilitar a los sindicatos de clase pero, en realidad, a quienes ataca es al conjunto de los trabajadores de esta Región.
La secretaria general de UGT cree por su parte que la anunciada reforma de la Ley de Participación Institucional pretende convertir un derecho constitucional en una herramienta para tratar de chantajear a las organizaciones que son críticas con el Gobierno.
A la patronal tampoco le gusta este recorte en las aportaciones públicas a los agentes sociales. El presidente de CROEM, Miguel López Abad, lamenta que el Gobierno regional, a pesar de sus advertencias, haya aceptado este tijeretazo y ya anticipa que los órganos ejecutivos de la patronal estudiarán con todo detalle los números antes de determinar de cuántas de las mesas de negociación en las que ahora participa CROEM deciden levantarse.
López Abad también ha pedido tiempo para analizar los efectos prácticos que puede tener sobre las empresas de esta Región el rechazo al Pacto Verde Europeo, teniendo en cuenta que muchos de los programas vinculados a ese pacto aportan financiación a proyectos concretos de adaptación al cambio climático.
