Los sindicatos confían en que el Constitucional tumbe la norma que abre a concurrencia competitiva las ayudas destinadas a agentes sociales
Los sindicatos UGT y CCOO en la Región de Murcia han celebrado este jueves el anuncio de que el Gobierno central llevará al Tribunal Constitucional la reforma de la ley autonómica de participación institucional, que deja abierta a la concurrencia competitiva las ayudas recibidas por la patronal murciana Croem y los sindicatos mayoritarios.
Al recurso anunciado por Yolanda Díaz hay que sumar otro del Defensor del Pueblo. También en el Congreso se instará en ese mismo sentido desde un grupo de al menos 50 diputados. Los propios sindicatos seguirán también la vía contencioso-administrativa para que se les restituya un derecho constitucional consolidado durante décadas, como explica Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO en la Región.
Su homóloga de UGT, Paqui Sánchez, ha remarcado que van a insistir “agotando todas las vías alternativas” para conseguir que el Constitucional tumbe una acción que, asegura, solo pretende quitar recursos a los sindicatos para la defensa de las personas trabajadoras.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó ayer la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, que pretende evitar “deshacerse” de las organizaciones sindicales más representativas, “afirmando barbaridades” como que “incurren en el clientelismo político”, ha explicado.
La modificación de la norma fue aprobada el pasado junio por la Asamblea Regional de Murcia con los votos a favor de Vox y el PP, pues formaba parte del acuerdo que firmaron para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Autónoma. El PSOE y Podemos-IU/V-AV votaron en contra.
El presidente de la patronal, Miguel López Abad, insiste en que las subvenciones son un derecho constitucional y que ahora habrá que esperar lo que dicta la justicia. López Abad recuerda que las cuentas de la CROEM son totalmente solventes y que para nada dependen exclusivamente de las aportaciones del gobierno regional.
El ejecutivo murciano carga contra la también ministra de Trabajo. El consejero portavoz, Marcos Ortuño, recuerda que la ley fue aprobada por el parlamento murciano. Acusa a Pedro Sánchez de enredarse en polémicas cuando aún hay vecinos en la Región sufriendo la falta de agua en sus hogares 13 días.
