Presuntamente aprovechó su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados que había fundado el ministro
Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por presunta corrupción política y por aprovecharse de su cargo público para aprobar leyes que beneficiaban a empresas gasísticas. Estas compañías eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico (EE), fundado por el propio Montoro antes de formar parte del Gobierno, según consta en un auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press.
La investigación judicial involucra a 28 personas físicas y seis empresas en la presunta comisión de siete delitos graves: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, tal y como ha adelantado La Vanguardia.
Según el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, "el uso de tales potestades habría permitido a Equipo Económico (EE) ofrecer a diferentes sociedades reformas legales que favorecieran sus intereses económicos, perjudicando al sector público".
El juez detalla una modificación legislativa “ad hoc” que habría beneficiado exclusivamente al sector gasístico, dejando fuera a otras industrias también afectadas por altos costes energéticos, lo que refuerza la sospecha de trato de favor.
Además, se indica que empresas agrupadas en la AFGIM (Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) llegaron a redactar el texto normativo para asegurar su inclusión en los beneficios fiscales, algo que podría constituir una externalización indebida de funciones públicas durante la fase prelegislativa de elaboración de la norma.
También se señala que Montoro habría utilizado su potestad legislativa como ministro para garantizar beneficios económicos a su antiguo despacho, lo que refuerza las acusaciones de conflicto de intereses y corrupción institucional.
El juez ha acordado el levantamiento del secreto de sumario de una causa que permanecía abierta desde hace siete años. Además, ha notificado la condición de investigados a Cristóbal Montoro y a varios ex altos cargos del Gobierno y de la Administración Central. Según el magistrado, estos responsables habrían creado una red de influencias políticas con el objetivo final de obtener beneficios económicos privados.
