El Ministerio de Juventud e Infancia anunciaba ayer el reparto entre las comunidades de casi 4.000 menores que se hacinan en Ceuta, Melilla y Canarias
El presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, ha asegurado a Onda Regional que su formación ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno regional de López Miras para "impulsar medidas contundentes frente al reparto de inmigrantes ilegales en la Región de Murcia, pactado entre Sánchez y Puigdemont, así como para garantizar la protección de los ciudadanos de la Región frente al creciente problema de los MENAS que llegan a España de manera ilegal"
El acuerdo, según Antelo, contempla "la denuncia ante la justicia española y europea del pacto entre Sánchez y Puigdemont, por considerar que atenta contra los derechos y la seguridad de los ciudadanos y supone una imposición arbitraria del Gobierno central que vulnera competencias autonómicas".
Asimismo, el líder regional de Vox ha anunciado que "se pondrán en marcha pruebas periciales para verificar la edad real de los supuestos MENAS. Aquellos que resulten ser mayores de edad serán puestos inmediatamente a disposición judicial para su deportación", en aplicación de la normativa vigente.
Por último, la Región de Murcia suscribirá convenios con terceros países para devolver a los MENAS a sus países de origen, en virtud del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite la repatriación de estos inmigrantes ilegales cuando existan garantías adecuadas en sus países de procedencia.
Desde VOX han subrayado que estas medidas son “necesarias y urgentes para frenar la llegada masiva de ilegales y garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de la Región, frente a la irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas”.
El Ministerio de Juventud e Infancia ya tiene definido el reparto de 3.975 menores migrantes no acompañados, actualmente atendidos por los servicios sociales de Canarias, que serán redistribuidos por el resto del territorio nacional. Esta propuesta será presentada oficialmente a las comunidades autónomas el próximo martes 8 de julio, en la Comisión Sectorial de Infancia.
Para establecer el reparto, el Gobierno ha considerado el grado de saturación de los sistemas autonómicos de acogida. Las comunidades que presentan una mayor sobreocupación, además de Canarias, Ceuta y Melilla, son Euskadi, con un 243 % de su capacidad, y Cataluña, con un 192 %. Por ello, ambas quedan fuera del reparto obligatorio, aunque Cataluña acogerá voluntariamente a 31 menores.
En cuanto al resto del país, Navarra y la Región de Murcia son las comunidades más tensionadas. Murcia, con un sistema de acogida al 132 % de su capacidad, recibirá 133 menores y 1,7 millones de euros en financiación estatal. Navarra, que acogerá 118 menores, recibirá algo más de 3 millones de euros.
Las comunidades que más menores asumirán serán Andalucía y Madrid, con 677 y 647 respectivamente, mientras que Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia, cuyas capacidades están por debajo del 100 %, asumirán casi 1.500 menores entre todas.
Este plan de redistribución está acompañado por un fondo estatal de 100 millones de euros, aprobado por real decreto el pasado 18 de marzo, con el objetivo de garantizar una acogida más equilibrada y justa entre los territorios. El Estado se hará cargo de los traslados y los costes de acogida durante los primeros tres meses.
Desde el Ministerio insisten en que este sistema busca corregir las diferencias históricas entre comunidades y equilibrar la carga de atención a la infancia migrante. También han lamentado el bloqueo de algunas comunidades, al tiempo que han agradecido la colaboración voluntaria de otras, como Cataluña.
