Cuatro municipios de la Región deberían aplicar esa norma: Cartagena, Molina de Segura, Murcia y Lorca
Los Ministerios de Transición Ecológica e Interior han comenzado a distribuir el borrador de un decreto con el que pretenden modificar la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones, con el objetivo de impedir que los Ayuntamientos obligados a implantarlas sigan "escurriendo el bulto" con fórmulas que no establecen restricciones a la circulación ni aplican sanciones. En la Región de Murcia hay cuatro municipios que deberían aplicar esa norma: en dos de ellos, Cartagena y Molina de Segura, las Zonas de Bajas Emisiones están definidas sobre el papel, pero no limitan el acceso de vehículos ni prevén multas; en los otros dos, Murcia y Lorca, el proceso de implantación acumula tanto retraso que ambos ayuntamientos fueron advertidos el pasado mes de marzo por el Defensor del Pueblo del incumplimiento de los plazos previstos.
Lo que el Gobierno central pretende es reformar el actual decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones de forma que será obligatorio que los ayuntamientos restrinjan el paso de los vehículos más contaminantes y multen a los infractores, impidiéndoles aplicar excepciones o periodos de prueba en los que las sanciones se quedan en simples avisos. En opinión del profesor de la UPCT Salvador García-Ayllón, director del Laboratorio de la Movilidad del Ayuntamiento de Murcia, el Ejecutivo está tratando de forzar la implantación de un modelo "fallido", que funciona bien en grandes urbes como Londres, Madrid o Barcelona, pero que requiere de cambios para poder adaptarse a las condiciones de ciudades más pequeñas.
Dice García-Ayllón que estas Zonas de Bajas Emisiones cumplen una función disuasoria cuando los ciudadanos tienen servicios de metro o autobús para llegar a su destino. Pero no tienen demasiado sentido en localidades como Murcia o Cartagena, con una población muy dispersa que tiene que acceder al centro de la ciudad en su vehículo particular porque no hay una alternativa de transporte público.
A esto habría que sumar, en opinión de García-Ayllón, otro error de concepto, porque el modelo no establece mecanismos para reducir el número de vehículos que circulan por las ciudades, sino que se limita a exigir que se trate de vehículos poco contaminantes. Frente al verdadero problema, que es la incapacidad de los centros urbanos para absorber un alto volumen de tráfico, la solución que ofrece es obligar a los ciudadanos a comprarse un coche híbrido o eléctrico.
