El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia votará ese día la oferta de plazas del próximo curso
El rectorado de la Universidad de Murcia presentará este próximo viernes ante el Consejo de Gobierno de la institución un proyecto de reajuste y reasignación de grupos que ha generado una oleada de protestas entre el alumnado, los profesores asociados e incluso algunas juntas de Facultad como las de Derecho o Letras. El rector, José Luján, asegura que el objetivo es utilizar de la mejor manera posible los recursos públicos que la Universidad gestiona; pero estudiantes y profesores asociados temen graves consecuencias y alertan de la pérdida de calidad. Por ese motivo, el viernes habrá una sentada de protesta en el patio del Campus de La Merced.
El Rector nos ha explicado la propuesta que su equipo de gobierno llevará a la reunión de pasado mañana: se trata de reducir la oferta de plazas en seis titulaciones (Relaciones Laborales, ADE, Pedagogía y Lengua y Literatura, entre ellas) para aumentarla en la misma medida en otros 18 títulos que tienen mucha más demanda. Según José Luján el caso paradigmático es el de la Facultad de Lengua y Literatura, que cada curso oferta dos grupos de 70 alumnos para un total de 140 plazas aunque la matrícula real no sobrepasa los 80 alumnos. Dice que si alguien puede reprocharle algo, es no haber recortado las plazas antes.
Pero no se trata sólo de reducir el número total de plazas. Hay también una propuesta de reordenación de grupos, que afecta principalmente a la Facultad de Derecho, en la que se reducirá un grupo por curso. Luján asegura que esa medida no está cerrada, que dependerá de lo que ocurra en la reunión del Consejo de gobierno del viernes, pero estudiantes y profesores de Derecho ya se han quejado de sus consecuencias. Aseguran que se va a perder calidad docente al aumentar el número de alumnos por aula. Es más, vaticinan que habrá estudiantes que no tengan ni dónde sentarse, según indica el miembro de la plataforma de profesores asociados y profesor en Derecho, Carlos Gil.
Los alumnos no permanecen ajenos a esta polémica. De hecho, desde las facultades de Educación, Humanidades y Derecho se ha convocado para el próximo viernes una sentada en el patio del Campus de La Merced, coincidiendo con la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno. Las representaciones estudiantiles de esas facultades han emitido comunicados muy críticos con los planes del Rectorado, que también merecen el rechazo del presidente nacional de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, Nicolás Hernández. En su opinión, la Universidad de Murcia está siguiendo una deriva cada vez más extendida en el conjunto del país, que le lleva a ordenar su oferta docente en función de criterios económicos y no sociales.
Porque, como apuntaba Hernández, lo que subyace en el fondo de todo esto son los problemas de financiación que sufre la Universidad de Murcia, pendiente de negociar con la Comunidad Autónoma de un plan plurianual que garantice unos ingresos mínimos y asegure su futuro. El rector José Luján admite que no puede reclamar mejoras ante la administración regional sin antes optimizar los recursos de los que ya dispone.
Sin embargo, la estrategia del Rectorado no es compartida por los profesores asociados, que consideran que Luján debía haberse plantado para exigir al gobierno regional una financiación que ya era muy necesaria y que ahora resulta imprescindible para poder estabilizar al profesorado como exige la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, cuya aprobación definitiva se producirá muy probablemente la próxima semana. La Universidad de Murcia tiene un porcentaje muy alto de estos asociados, porque eran una solución "barata". Dice Carlos Gil que el Rectorado en lugar de reclamar fondos para estabilizarlos está buscando fórmulas para prescindir de todos los que sea posible.
Aunque el Rector asegura que la reordenación propuesta no tiene por qué provocar un efecto directo sobre la contratación de asociados y se pregunta si lo razonable hubiera sido mantener más plazas de las necesarias sólo para justificar esos contratos.
Veremos en qué acaba todo este conflicto. Aunque hay un debate muy profundo sobre el modelo hacia el que deben evolucionar las universidades públicas y una reclamación también sobre los procedimientos que se siguen para tomar decisiones que no pueden plantearse exclusivamente como una cuestión de rentabilidad económica. Al menos eso es lo que sostiene el presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, Nicolás Hernández.
