El ayuntamiento asumirá el gasto de repatriación de los nicaragüenses muertos en los incendios de Atalaya
El alcalde de Murcia, José Ballesta, asegura que los servicios jurídicos y de urbanismo aplicaron protocolos legales en relación a la existencia de forma paralela de un procedimiento de cierre y otro de legalización del local siniestrado, en referencia a la discoteca Teatre que tenía abierto un proceso de regularización además de su orden de cierre.
El alcalde se ha referido así este martes en relación con las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación sobre las inspecciones técnicas a las que se sometió hace escasos meses la discoteca Teatre, incendiada, junto con el local anexo, Fonda Milagros, el pasado 1 de octubre en el siniestro que provocó 13 fallecidos, a pesar de tener una orden de cierre en vigor.
A preguntas de los medios de comunicación sobre cómo fue posible que la administración local llevara a cabo esas inspecciones para legalizar la sala, que no estaba cumpliendo con la orden de cierre que tenía desde enero de 2022, el primer edil ha indicado que los servicios Jurídicos del Ayuntamiento y los de Urbanismo “mantienen unas pautas y unos protocolos legales en relación a este tipo de procedimientos, y son los que se han aplicado en este caso”.
El primer edil insiste en que su propio equipo de Gobierno está conociendo muchos de estos expedientes ahora. Ballesta asegura que se trata de informes que son comunicados internos de Policía Local, de Bomberos e incluso del departamento técnico que se dictaron con el anterior Ejecutivo. Además, ha matizado que se debe diferenciar “entre la normalidad que entendemos nosotros y la que entienden quienes son expertos” en esta materia, y ha subrayado que él puede tener una opinión diferente a ese proceder legal.
En cualquier caso, asegura Ballesta ha insistido en recordar que “los últimos responsables de no cumplir la orden de cierre” son los empresarios titulares de la sala, que “no cumplían con la legalidad” y han ido “esquivando” esa orden a través de “resquicios legales”, cambiando su denominación y su propietario o iniciando procedimientos paralelos.
El alcalde ha recordado que ya se han inspeccionado numerosos locales, si bien no ha facilitado el número concreto, muchos de los cuales se ha comprobado que habían cumplido con la orden y no tenían actividad.
Para evitar este tipo de conflictos en el futuro, ha recordado que se está trabajando ya en nuevos protocolos de actuación de la administración que mejoren la “trazabilidad” entre departamentos para que los procesos de licencias no encuentren este tipo de incidencias.
Además, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará en las “diligencias penales” que se puedan derivar de este caso, en el que la jueza instructora apunta a la comisión de 13 posibles homicidios imprudentes.
La Junta de Gobierno municipal del próximo viernes dará luz verde a esa personación, ha indicado. En cuanto a la posibilidad de llevar a cabo ceses o dimisiones, Ballesta, visiblemente enfadado, ha asegurado que esa petición “se debe hacer en otro lugar”.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Murcia asumirá los costes de repatriación a Nicaragua de tres de los fallecidos en el incendio de las discotecas de Atalayas, el pasado 1 de octubre. Ballesta ha lamentado las dificultades que las autoridades del país latinoamericano están poniendo para que los cuerpos de estas tres víctimas puedan regresar a su país de origen como es la voluntad de su familia.
Debido al largo tiempo transcurrido desde el fallecimiento de estas personas, sus cuerpo están siendo embalsamados y el consistorio correrá con los gastos con el objetivo de dar todo el apoyo a las familias.
El alcalde de Murcia sí ha agradecido la colaboración estrecha de las embajadas de Colombia y Ecuador, países de origen del resto de las víctimas, cuyos familiares siguen teniendo a su disposición los recursos de atención psicosocial que puso en marcha Cruz Roja el día de la tragedia y que siguen activos a través de una línea telefónica habilitada para ello
