Los sindicatos recuerdan que la propia Fiscalía vio indicios de delito en varios contratos tramitados por el puerto durante los mandatos de Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz
MACU ALEMÁN/PACO MARTÍNEZ
CCOO y UGT recurren la fianza de 30.000 euros impuesta por un juzgado de Cartagena para poder personarse como acusación popular en el caso de presunta corrupción de la Autoridad Portuaria.
Es la respuesta a la resolución del juzgado que exige también a Comisiones y UGT que presenten el acuerdo de sus órganos colegiados para participar en el proceso judicial con esa condición. Los sindicatos recuerdan que la propia Fiscalía vio indicios de delito en varios contratos tramitados por el puerto durante los mandatos de Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz. El secretario regional de Comisiones, Santiago Navarro, califica de disparate la cuantía de la fianza pedida por el juzgado de instrucción número 1 de Cartagena.
Los sindicatos consideran que la fianza supone penalizar que se denuncie la corrupción en las instituciones públicas.
El Fiscal Superior de la región no comparte la decisión del juez que instruye el caso de la Autoridad Portuaria de exigir una fianza de 30.000 euros a los sindicatos CCOO y UGT para poder personarse en el procedimiento. Asegura José Luis Díaz Manzanera que hay jurisprudencia en contra de una medida así, porque estas fianzas se imponen para evitar denuncias temerarias o falsas.
Pero aquí, recuerda, la denuncia no parte de los sindicatos, sino que ha sido la propia Fiscalía la que ha puesto su investigación y la de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional en manos del juzgado. El caso se abre, por tanto, a instancias de la Fiscalía, y no hay ningún problema para que los sindicatos puedan sumarse a él como acusaciones particulares sin necesidad de pagar fianza alguna.
