La Guardia Civil ha intervenido una treintena de cadáveres de caballos muertos por inanición en una granja de Murcia, donde ya intervinieron hace unos meses por idénticos motivos
MACU ALEMÁN / AGENCIAS
Casos como la operación 'Bucéfalo' del Seprona dejan en evidencia la falta de control de la Administración, el incivismo de una parte de la población, y la escasa respuesta de las instituciones en la defensa de los derechos animales, según la Coordinadora por los Derechos de los Animales de la Región de Murcia.
El secretario de este colectivo, Joaquín Ortega, asegura que casos como el de la granja de Murcia, en la que han aparecido 31 caballos muertos por inanición y falta de cuidados, son más que habituales en esta Región. Se trata de un problema sistémico -dice Ortega- falla la legislación, los encargados de aplicarla y falla también la propia sociedad.
Es la segunda vez en menos de un año que el Seprona interviene en esta granja de Murcia por el mismo motivo. Para la coordinadora es urgente que tanto la Administración como el resto de instituciones tomen conciencia del problema.
La Guardia Civil de la Región ha desarrollado en una granja del municipio de Murcia la operación 'Bucéfalo II', una investigación iniciada gracias a la colaboración ciudadana que se ha saldado con la investigación del propietario de una granja, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, por maltrato animal.
Durante el desarrollo de la operación, los guardias civiles del SEPRONA hallaron en la explotación ganadera 31 caballos muertos, según informa la Benemérita en un comunicado.
Las actuaciones se iniciaron a principios de mes cuando, gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil fue alertada de que, en una explotación ganadera del término municipal de Murcia, había restos de caballos en avanzado estado de descomposición.
En la inspección técnico-ocular, la patrulla del SEPRONA verificó los hechos denunciados y comprobó in situ , junto con los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Murcia, que había un total de 31 equinos muertos en avanzado estado de descomposición. El técnico veterinario certificó que algunos de estos cadáveres podrían tener una antigüedad de más de un mes. El responsable de la explotación alegó a los guardias civiles que no se había retirado el ganado muerto por no disponer de seguro de retirada que se hiciera cargo de estos gastos.
La Guardia Civil ha constatado el responsable de la explotación ganadera no facilitó los servicios de un veterinario para tratar a los animales de una supuesta infección respiratoria que causó la muerte de los 31 equinos.
Los guardias civiles también constataron que en una de las estancias de la explotación convivía una veintena de cabras con los restos de 14 equinos en avanzado estado de descomposición, con el consiguiente peligro de infección para estos animales y para las personas, al tratarse de animales de producción que podrían entrar en cualquier momento en la cadena alimentaria.
En este sentido, la Guardia Civil ha investigado al responsable de la explotación ganadera, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, por maltrato animal.
Además, tras verificar toda la documentación que precisa unas instalaciones de este tipo, la patrulla del SEPRONA ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Murcia que la explotación ganadera no dispone de la correspondiente licencia municipal de actividad.
Hace algo menos de un año, en esta misma explotación, la Guardia Civil ya realizó otra actuación donde también investigó al responsable de la granja, al que se le instruyó diligencias por el mismo delito, por el hallazgo de una quincena cadáveres de equinos en avanzado estado de descomposición que, al parecer, no habían recibido los servicios veterinarios mínimos para curar unas supuestas dolencias manifestadas por el propietario de los animales.
El delito de maltrato animal se castiga en el Código Penal en su art. 340, pudiendo acarrear una pena de presión de 3 a 18 meses, o multa de 6 a 12 meses, en todo caso también se le impondrá la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
El investigado, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Murcia.
