Entre la documentación aportada a la jueza se encuentra la orden de cese de actividad de Teatre con fecha de enero de 2022, que finalmente no se ejecutó
EFE
Los servicios jurídicos del ayuntamiento de Murcia se han personado esta mañana como acusación particular en el caso que instruye el Juzgado número 3 de Murcia por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio de las discotecas de la zona de ocio nocturno de Atalayas (Murcia) el pasado domingo, en el que murieron otras tantas personas y 24 resultaron heridas.
Fuentes municipales han informado de este extremo, que ya anunció ayer el teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Navarro, con el objetivo, según dijo, de “depurar todas las responsabilidad de cualquier tipo”.
Entre la documentación aportada por los servicios jurídicos municipales a la jueza que instruye el caso se encuentra la orden de cese de actividad de la discoteca Teatre, con fecha de enero de 2022, en la que se señala "la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a la mercantil Teatre Murcia S.L, titular de la actividad destinada a discoteca con cocina en calle Isla Cristina nº6, que en el plazo de 15 días hábiles cese en el ejercicio de la misma".
En la orden también se aclara que "se dará traslado a los servicios de inspección para comprobar el cese de la actividad y, en caso de que no se hubiese producido un cese voluntario por parte del titular, se procederá por esta Administración a la ejecución forzosa del acto administrativo, utilizando para ello los medios que sean necesarios".
La orden de cese se produce después de que Teatre S.L., que tenía licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad desde el 18 de diciembre de 2008, presentase, en junio de 2019, una comunicación para dividir el local en dos, Teatre y la Fonda Milagros, ya que el ayuntamiento de Murcia entendía que la modificación del local requería una nueva licencia.
El 8 de marzo de 2022 se presentó un proyecto de legalización cuya tramitación "no ha concluido”, y es en esa fecha cuando quedaron resueltos los recursos que la empresa había presentado para evitar que el local fuera cerrado.
En octubre de 2022, el ayuntamiento requirió a los servicios de inspección municipales que comprobasen el cese de la actividad de la sala y, a partir de ese momento, el Consistorio no ha vuelto a recibir “ningún expediente, oficio administrativo” o denuncia que pusiera de manifiesto “el incumplimiento de orden de cierre” por parte de la sala, según informa el ayuntamiento.
Al hilo de estas informaciones, el abogado del propietario de la discoteca Teatre, José María Caballero, afirmaba esta mañana, en declaraciones a Efe, que se actuó siempre dentro de la legalidad y amparada por la licencia de actividad concedida en su día, como lo prueba el hecho de la inspección realizada, en marzo de este año, por los servicios sanitarios del ayuntamiento, que declararon subsanadas unas deficiencias observadas un mes antes.
Al personarse el ayuntamiento en la causa, que está bajo secreto de sumario, como acusación particular podrá aportar las pruebas que obtengan durante la investigación, presenciar los testimonios y declaraciones de los acusados y asistir a las declaraciones de todos los testigos citados, entre otras cosas.
