Reclama cambios importantes en el proyecto de Decreto como regular la concesión del distintivo de "Empresa Comprometida con la Seguridad y Salud Laboral" y "Movilidad Segura"
El Consejo Económico y Social reclama cambios importantes en el proyecto de Decreto con el que el gobierno regional pretende regular la concesión del distintivo de "Empresa Comprometida con la Seguridad y Salud Laboral" y el sello de "Movilidad Segura en la Empresa".
El dictamen publicado hoy considera que el ejecutivo no debería premiar a las empresas que se limiten a cumplir las exigencias que impone la ley; más bien habría que reservar estas acreditaciones para las que demuestren un compromiso firme y sostenido en el tiempo por garantizar la seguridad de los trabajadores.
El catedrático de Derecho del Trabajo Faustino Cavas, miembro del CES, explica que no tiene sentido otorgar un sello de calidad por cumplir con una obligación. Un premio, dice, debe servir para reconocer a quienes hayan decidido ir un paso más allá en su preocupación por evitar riesgos laborales.
Por esa razón, el Consejo propone modificar el proyecto de Decreto del Gobierno que establece que serán merecedoras de este distintivo todas las empresas que cierren un ejercicio con niveles de siniestralidad por debajo del promedio de su sector. Lo lógico, explica Cavas, sería exigir unos resultados que sean significativamente mejores que los de la media.
No es la única pega que el dictamen del CES pone al Decreto planteado por el Gobierno. Echa en falta más participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración de esta norma; más implicación de los comités de empresa en la vigilancia de las medidas de prevención y un mecanismo de seguimiento que permita evaluar la utilidad de estos distintivos. Recuerda el CES que la idea de implantar un distintivo de este tipo no es nueva: desde 2013 ya existía un sello similar en la región, que sólo se ha otorgado a lo largo de una década a ocho empresas, de las que siete no lo renovaron.
Es un error, según el Consejo, que no se hayan analizado las razones de ese fracaso, porque se pueden estar repitiendo en esta nueva normativa, en la que tampoco hay beneficios reales para las empresas premiadas. Cavas cree, por ejemplo, que deberían obtener algún tipo de ventaja a la hora de optar a contratos de las administraciones públicas.
