El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, se ha mostrado crítico con el hecho de que las comunidades hayan conocido "en mitad de la reunión" las entregas a cuenta como si fueran una lotería
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se iniciaba con una doble polémica: la ausencia de la consellera catalana de Economía ,sí estaba el secretario general de ese departamento- y el hecho de que sobre la mesa no estuviera la negociación de un nuevo modelo de financiación. Sobre el primero de los asuntos cabe señalar que no es la primera ocasión en la que la Generalitat no participa, lo mismo sucede con el País Vasco, y sobre lo segundo, finalmente algo se ha hablado.
En principio el objetivo del Gobierno era informar a las comunidades de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para preparar los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Se trata de una senda de estabilidad que también deberá ser tenida en cuenta para la preparación de las cuentas de cada una de las autonomías.
El Gobierno de España está por la labor de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija las desigualdades que genera el actual, pero avisa a las Comunidades Autónomas: si todas se mantienen como hasta ahora en posiciones inamovibles y de máximos, la única alternativa será tratar de llegar a un acuerdo político con el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Lo ha explicado, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que ha anunciado un incremento de casi el 15% en el volumen de fondos que el Estado distribuirá el año que viene entre las Comunidades Autónomas, y de más del 22% en las partidas que distribuirá a Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales..
Montero ha comunicado hoy a las Comunidades Autónomas que las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica aumentarán el año que viene más de un 8%, hasta superar los 134.000 millones de euros. A esa cantidad habrá que sumar otros 28.000 millones procedentes de la liquidación de las cuentas de hace dos años.
Las Comunidades tendrán más dinero pero tendrán que limitar su déficit, porque el año que viene volverán a estar activas las reglas financieras que la Unión Europea ha mantenido suspendidas durante los tres últimos ejercicios. La previsión del gobierno es que las administraciones autonómicas no podrán incrementar su déficit más de una décima, un 0,1%, pero hoy, todos los territorios gobernados por el PP han votado en contra de ese objetivo. Eso hace suponer que la mayoría absoluta que los populares tienen en el Senado podría tumbar esa previsión, ante lo que la ministra Montero lanza una advertencia: "Si hay comunidades que quieren ir al 0´2%, alguna tendrá que estar en el 0% porque los objetivos son asimétricos
La alternativa que plantea el gobierno, recuerda Montero, para modificar el modelo de financiación autonómica es una Ley Orgánica que, como tal, debe ser aprobado por mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Así que, si no hay avances en la negociación entre territorios, habrá que buscar un pacto político entre el ejecutivo y el PP. Eso es lo que Pedro Sánchez ha propuesto a Alberto Núñez Feijoó.
Mientras se avanza en la reforma del sistema, algunas comunidades como Murcia han pedido un fondo transitorio que compense a las peor financiadas. Aquí, dice Montero, el problema no está en el Gobierno, sino que vuelve a ser el de antes: los territorios que menos reciben reclaman esa compensación que rechazan el resto de comunidades
Los dos elementos más polémicos del encuentro son los que nos remiten directamente al efecto que el PP atribuye a los acuerdos que el PSOE ha alcanzado con los independentistas catalanes. Lo primero a este respecto es el desmentido rotundo de la ministra de Hacienda sobre una supuesta negociación bilateral con Cataluña para acordar un modelo específico para esa Comunidad:
María Jesús Montero ha asegurado además que, tal y como recoge el acuerdo que el PSOE firmó en su momento con Esquerra Republicana, la condonación de parte de la deuda pública de Cataluña se hará extensiva a todas las Comunidades Autónomas. En enero, y en encuentros bilaterales con cada comunidad, se concretará cuánta de esa deuda quedará condonada.
Los representantes autonómicos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera han lamentado que no se hayan producido avances en su principal objetivo, el nuevo sistema de financiación, y han salido con dudas sobre la existencia o no de una negociación bilateral con Cataluña. Entre ellos estaba el murciano Luis Alberto Marín, que se ha mostrado crítico con el hecho de que las comunidades hayan conocido "en mitad de la reunión" y mediante un correo electrónico, decía, de las entregas a cuenta, en lo que ha calificado como "una suerte de lotería".
Marín ha destacado el rechazo "absoluto" de todas las autonomías al objetivo de déficit del 0,1% fijado por el gobierno. Cree que es la primera ocasión que en una reunión de este tipo se produce una situación así. Marín se quejaba también de que, según su apreciación, no se haya hablado de la reforma del modelo de financiación. En su opinión, la ministra Montero ha dado una "patada para adelante".
El problema ahora reside en que el Gobierno regional ha presentado un proyecto de presupuestos ,que una vez que superen todos los trámites parlamentarios serán aprobados con el apoyo de PP y VOX, basado en una previsión de déficit del 0,3%. Ahora, el Ejecutivo central deja esa cifra en el 0,1%
El Consejo de Ministros aprobará este martes el límite de gasto no financiero de 2024, conocido como 'techo de gasto', y los objetivos de estabilidad presupuestaria, dando el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. Así lo ha avanzado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Este paso es el punto de partida del camino hacia la aprobación de las primeras cuentas públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas.
Junto al techo de gasto, el Gobierno aprobará los objetivos de estabilidad presupuestaria que se marcan para los años 2024, 2025 y 2026, un plan de reequilibrio que se acompañará al dossier que se entrega en el Congreso de los Diputados. El Gobierno, en ese momento en funciones, remitió en octubre el plan presupuestario de 2024 a Bruselas, que incluía una previsión del déficit en el entorno del 3% para el año próximo y una ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB ya para 2023.
Hacienda contempla una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas en 2024, con una tasa del 0,1%, frente al equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad del pasado abril. Esa décima de más margen para las comunidades autónomas será asumida por la Administración Central, cuyo déficit en 2024 será del 2,7%, según el objetivo trasladado por Montero. Para las entidades locales se fija el equilibrio presupuestario.
