El anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, en primera lectura, elimina el requisito del empadronamiento para acceder a las prestaciones
La nueva ley de Servicios Sociales obliga a las comunidades autónomas a redactar un catálogo básico de derechos y prestaciones básicas para evitar desigualdades. La norma elimina la obligación de empadronamiento y establece la obligación de elaborar un historial individual como el sanitario o la creación de la figura de un profesional de referencia para cada usuario.
La ley mandata a la Conferencia Sectorial a elaborar en los próximos meses este catálogo con un suelo de prestaciones y servicios por debajo del cual no podrá situarse ninguna autonomía, ha explicado tras el Consejo de Ministros Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales. "Los servicios sociales son un eje fundamental de nuestro Estado de bienestar, quienes están ahí cuando las cosas se ponen más difíciles: cuando un niño o una niña vive una situación de violencia y necesita protección, cuando una persona mayor empieza a estar en una situación más difícil y necesita teleasistencia o cuando en una familia deja de entrar el único sueldo y necesita solicitar el Ingreso Mínimo Vital", ha destacado
El proyecto de Ley, que deberá tramitarse ahora en el Congreso, elimina el requisito de empadronamiento y contempla la obligación de elaborar una historia social única, equivalente al historial clínico, que formará parte de un registro nacional accesible desde cualquier territorio, así como la la tutela de un profesional de referencia.
La ley de Servicios Sociales supone según Belarra, un "balón de oxígeno" para profesionales y usuarios. Entre otros aspectos deberá incluir ratios de trabajadores y garantizar todos los derechos y prestaciones cuando la persona se traslade temporal o definitivamente a otra autonomía.
Otro de los objetivos de la ley es, según el Ministerio, reforzar el sistema y la orientación del mismo hacia una atención "más personalizada, más integral e inclusiva, reduciendo las barreras de acceso" a la protección social y sentando las bases de un nuevo modelo de servicios sociales, alejado de un enfoque asistencialista y centrado únicamente en la emergencia.
Otro de los cambios que se introducen es el reconocimiento de la esencialidad de los servicios sociales, así como la mejora del conocimiento y la gestión de la información para conocer con más detalle las distintas situaciones y el impacto de las intervenciones de cara a diseñar mejores políticas públicas. Asimismo, la ley fomenta la innovación social para que las mejoras prácticas se vayan incorporando a la labor de los servicios sociales.
Según ha puntualizado la ministra, se trata de "un anteproyecto que consolidará en la legislación el proceso de la modernización de los servicios sociales que cuenta con una inversión de los fondos europeos, de 875 millones de euros entre 2021 y 2023".
La ministra confía en que este anteproyecto llegue en segunda vuelta al Consejo de Ministros y que, posteriormente, en su tramitación parlamentaria, cuente con los suficientes apoyos, aunque prevé que contará con "la oposición de quienes quieren que nada cambie". "España sigue teniendo muchos enemigos", ha indicado.
