Castilla y León acusa al Gobierno de "vulnerar el derecho de autonomía", estudia acudir a la Justicia y velará por las embarazadas
El Gobierno lanzaba en la tarde del domingo un comunicado en el que anunciaba este requerimiento oficial a la Junta de Castilla y León en el que insta a que se abstenga de indicar a su personal sanitario que sugiera pruebas innecesarias a una mujer que ha decidido abortar. Y es que este lunes comienza en Castilla y León un nuevo protocolo por el que se ofrece a las mujeres embarazadas escuchar el latido del feto, ecografías 4D o asistencia psicológica. Unas medidas que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura, son voluntarias tanto para las mujeres como para los facultativos y que son una forma de fomentar natalidad. La oposición las califica de medidas antiabortistas y de coacción a los profesionales.
Según el comunicado hecho público por Moncloa, el Ejecutivo "utilizará todos los mecanismos" del ordenamiento jurídico "para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente". El texto añade que el Gobierno "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna".
El Gobierno español ha informado de que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, y establecer las medidas pertinentes.
También "exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas" y que se comunique al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.
En caso de que este requerimiento no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por parte de la Junta, el Gobierno "no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".
Finalmente, el Ejecutivo estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León "podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".
Sobre las nueve y media de la noche de este domingo el Gobierno de Castilla y León lanzaba otro comunicado en el que asegura que "esta comunidad tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico y siempre dentro de la normativa general y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y del personal sanitario".
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado, por su parte, al Gobierno de España de mentir y de "generar alarma social" y ha recalcado que su Ejecutivo "no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios". "Lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del solo sí es sí", ha escrito el presidente autonómico en su cuenta de Twitter.
