El economista, Juan Mora Sanginetti, señala que los efectos derivados de la huelga de letrados de justicia van a ser más graves en una región como la nuestra, que ya sufría problemas estructurales muy importantes
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia vuelve a alertar hoy de los efectos de la huelga de letrados en el funcionamiento de la Administración de Justicia, y ya anticipa que el reseñalamiento de las actuaciones que están siendo suspendidas será un problema muy relevante y de “difícil solución” por “la falta endémica de unidades judiciales" en la región, circunstancia que ya mantiene las agendas de señalamientos sobrecargadas.
Mientras, los representantes del comité de huelga se han reunido esta mañana con el delegado del gobierno, José Vélez, al que han explicado las causas del paro y del que han recibido el compromiso de elevar sus peticiones al ministerio de Justicia, según indica Mar Garcerán de la Unión Progresista de Letrados.
El Delegado del Gobierno se ha comprometido a trasladar toda la información que ha recibido al Ministerio de Justicia. Dice José Vélez que no tiene competencias para resolver este problema, pero que está seguro de que el Ministerio es consciente de los problemas que está generando la reclamación de los letrados. Por eso confía en que sea posible encontrar una manera para que las cosas puedan empezar a volver a la normalidad.
Por su parte, los secretarios de gobierno de los tribunales autonómicos de toda España se han entrevistado hoy con el Secretario General de la Administración de Justicia para recordarle que comparten y respaldan las reclamaciones de los letrados en huelga y para trasladarle su preocupación por los retrasos que esta situación está generando ya y va a seguir provocando en el futuro, además -dicen- "del aumento de la tensión y las incidencias" que se está produciendo según van transcurriendo los días.
La congestión de la justicia, los retrasos que acumula a la hora de resolver los procedimientos abiertos, tiene un coste económico para el conjunto de la sociedad que ya midió, en el caso de Murcia, un informe elaborado a petición del Consejo Económico y Social de la región. Un estudio que concluía, por ejemplo, que un aumento de un punto en esa tasa de congestión podía traducirse en un incremento de dos puntos en la tasa de desempleo.
Uno de los autores de ese informe es el economista del Banco de España, Juan Mora Sanginetti, que asume que los efectos derivados de la huelga de letrados de justicia van a ser más graves en una región como la nuestra, que ya sufría problemas estructurales muy importantes, mucho más que la media nacional. Porque, en general, no puede decirse que la justicia española sea más lenta que la de otros países de nuestro entorno; pero está claro que la justicia murciana sí sale malparada de esa comparación.
Las implicaciones económicas que tiene la lentitud de la justicia no son menores. Mora Sanginetti nos ponía dos ejemplos: el dinero que reservan para litigar las grandes empresas de este país equivale a todo lo que el Estado invierte en un año en infraestructuras y cada punto más de congestión en los tribunales puede traducirse en miles de viviendas menos en el mercado del alquiler.
La solución, admite este experto, es muy compleja. No basta con invertir en más personal; hay que determinar primero qué categorías son aquellas en las que tenemos déficit. Porque España tiene menos letrados de justicia de los que le corresponderían, pero nos sobran funcionarios de otros grupos.
Para resolver la ecuación, hay otras dos vías: una, es ganar en agilidad apostando por la tecnificación (aunque eso habrá que acompañarlo de más formación para que la inversión sea realmente eficaz); la otra es reducir el número de procedimientos. Y aquí nos falta cultura de la mediación y nos sobran ganas de llevar nuestros conflictos a la justicia: tras la crisis de 2008, en España se disparó la litigiosidad. Aunque las tasas han vuelto poco a poco a la normalidad, todavía arrastramos los efectos de aquel aluvión de procedimientos judiciales.
