La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, afirma que la decisión de Ferrovial de trasladar su sede va "contra el interés de España"
Ferrovial, una de las mayores constructoras españolas, no trasladará su sede a Países Bajos, tal y como había anunciado, si más del 2,57% de sus accionistas se opone a la operación, que se votará en el segundo o tercer trimestre de este año. La idea de la compañía con el cambio de sede es contar con mayor proyección internacional para empezar a cotizar también en EEUU, donde espera darse conocer y tener así un mayor acceso al capital.
Entre las condiciones establecidas por el consejo de administración para la aprobación de esta operación figura que los accionistas que estén en contra de este traslado podrán acogerse a su derecho de separación, una fórmula que recoge la legislación. Este derecho consiste en la salida del accionista del capital por su disconformidad con los acuerdos adoptados en junta a cambio de una contraprestación justa, que normalmente es el precio de cotización de la compañía, en este caso de 26,7 euros por acción.
Sin embargo, Ferrovial ha limitado a 500 millones de euros esta contraprestación para que la operación pueda ser aprobada. Actualmente, el valor en bolsa de la empresa es de 19.459,1 millones de euros, por lo que esos 500 millones representan el 2,57%, según han confirmado fuentes de la compañía. Es decir, si los titulares de más del 2,57% del capital social se oponen expresamente a la operación y ejercen su derecho de separación, presentando los escritos correspondientes en los plazos fijados, la operación ideada por el consejo de administración podría verse truncada.
La empresa ha insistido en que esta "reestructuración no afectará a sus planes de inversión en España, un país que permanecerá- dicen- como "principal fuente de desarrollo de talento".
El anuncio de este traslado ha suscitado una gran polémica a nivel político y cuatro ministros ya se han manifestado sobre esta posible operación. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha mantenido esta mañana una conversación telefónica con el presidente de la compañía, Rafael del Pino, en la que le ha expresado su "rechazo" por esa decisión que considera "errónea".
La llamada de Calviño a del Pino la han confirmado fuentes ministeriales, que además han explicado que el Gobierno "está pendiente" de conocer los detalles de esta decisión para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta iniciativa.
En declaraciones a la Sexta televisión, Calviño ha dicho que no es "aceptable" que una compañía que ha nacido y crecido en España muestre esta falta de compromiso con su país.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado la decisión de Ferrovial, aunque ha recordado que esta empresa tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de España, por lo que ya no tributaba por ellos en el país.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido que con la marcha de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, España se enfrenta al riesgo de que haya un "efecto contagio" en otras multinacionales españolas.
