Un mecanismo ideado para luchar contra la corrupción, que debe garantizar que cualquier trabajador pueda informar de una posible irregularidad sin temor a sufrir represalias protegiendo la identidad del denunciante
Hoy se cumple el plazo para que todas las administraciones, las empresas de más de 250 trabajadores y todas aquellas que operan en sectores como la protección del medio ambiente, pongan en marcha sus canales internos de denuncias: un mecanismo ideado para luchar contra la corrupción, que debe garantizar que cualquier trabajador pueda informar de una posible irregularidad sin temor a sufrir represalias. De momento, el procedimiento nace cojo, pendiente todavía de que el Ministerio de Justicia constituya la Autoridad Independiente que complementará y vigilará el funcionamiento de estos canales internos de denuncias.
El sistema llega a España con cierto retraso. La normativa europea que lo ideó se aprobó en 2019, pero la ley que lo ha trasladado a nuestro país no se aprobó hasta febrero de este mismo año. El objetivo es proteger a quienes denuncien las irregularidades que puedan haber detectado dentro de sus empresas o en las administraciones para las que trabajan. Con ese propósito, estas organizaciones están obligadas a crear un canal específico para informar de esas situaciones. Un canal "blindado", al que sólo tendrán acceso los encargados de gestionarlo y que debe proteger la identidad del denunciante o incluso permitir comunicaciones anónimas. El profesor de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez, que es uno de los expertos del Grupo GRECO contra la Corrupción del Consejo de Europa, dice que se trata de dar a empresas y administraciones la posibilidad de ser las primeras en tomar medidas.
Como apuntaba Jiménez, el mecanismo dispone de una doble vía: estos canales internos creados dentro de cada organización y un canal externo, gestionado por una Autoridad Independiente, que supervisa a los anteriores y, a la vez, funciona como una vía alternativa de denuncia para quienes no confíen en el dispositivo organizado dentro de su propia empresa. De momento, este último no existe, aunque el Ministerio de Justicia se ha comprometido a constituirlo con carácter inmediato. Eso, posiblemente, contribuye al clima de "desconfianza" que Fernando Jiménez dice observar entre la mayoría de los trabajadores.
Las dudas, añade este experto en lucha contra la corrupción, son normales: lo que esta ley plantea representa un verdadero cambio cultural que exigirá tiempo. Porque, en su opinión, una comunidad como la nuestra "no está madura" para asumir sin más este compromiso en la lucha contra la corrupción.
