M. Ángeles Túnez declarará en el juzgado el 16 de octubre por un presunto delito de prevaricación. El juez también cita al exconcejal de agricultura y ganadería de Puerto Lumbreras y a la empresa Jisap
ALFONSO MARTÍNEZ. Puerto Lumbreras
La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, tendrá que declarar como investigada ante el juzgado de instrucción número 7 de Lorca por una presunta prevaricación en la actividad ilegal de una macrogranja de cerdos ubicada en el paraje El Campillo.
María Ángeles Túnez tendrá declarar ante el juez Patricio Atienza el próximo 16 de octubre en el juzgado de instrucción número 7 de Lorca. Junto a Túnez, deberán declarar, también en calidad de investigados, el exconcejal de agricultura y ganadería de Puerto Lumbreras, Cesar Gázquez y el representante legal de la empresa Jisap, propietaria de la explotación.
La causa se inició a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción en abril de 2021. Según el portavoz de esta organización Pedro Luengo, “la macrogranja alberga 1888 cerdas reproductoras, pero no dispone de licencia urbanística ni de actividad, ni de Declaración Ambiental Integrada, además carecer de recursos hídricos”.
Luengo considera que “el ayuntamiento de Puerto Lumbreras permitió la construcción de una explotación sobre una superficie cercana a los 15.000 metros cuadrados cuando el Plan General de Ordenación de la localidad, paralizado desde 2016, sólo permitía 1.000 metros y además no actuaron contra la actividad que carecía de cualquier licencia”.
Según el informe del Seprona de la Guardia Civil ordenado por el juzgado, en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas (REGA), el número de naves autorizadas es inferior al número de naves existentes, teniendo autorizadas 2 naves y actualmente hay 6. Además, los agentes constataron que se estaba realizado el ejercicio de una actividad, careciendo de Licencia de Actividad actualizada, así como que se había construido un embalse para agua, careciendo de las correspondientes autorizaciones.
Ecologistas en Acción ha pedido al juzgado que ordene el cese de la actividad porcina que se está llevando a cabo en la granja objeto de investigación.
