Las otras cuatro asociaciones de jueces y fiscales convocantes del parón abogan por aplazarlo hasta el 22 de mayo para dar margen a las negociaciones que se están produciendo con el Ministerio de Justicia
A esta hora de la tarde estamos a la espera del pronunciamiento de la asociación mayoritaria entre los jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, sobre si se suma o no al aplazamiento de la huelga anunciada para el próximo martes. Esta tarde la junta directiva nacional se ha reunido para definir su postura. Aunque todavía no se ha producido la votación, según fuentes bien informadas, la opción que más enteros tiene a esta hora es que se decanten por la suspensión del comienzo de la huelga el 16 de mayo.
Las otras cuatro asociaciones de jueces y fiscales convocantes del parón ya se han decantado por aplazarlo hasta el 22 de mayo para dar margen a las negociaciones que se están produciendo con el Ministerio de Justicia para mejorar sus condiciones laborales.
La última reunión que mantuvieron con el departamento que dirige Pilar Llop resultó fallida, tenía lugar ayer, y ya 3 de estas organizaciones profesionales (el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) se decantaban por el aplazamiento. Hoy se ha sumado a ellos la conservadora Francisco de Vitoria.
Si finalmente se aplaza al día 22, en esa jornada también está previsto que los funcionarios de la Administración de Justicia pasen de una huelga indefinida con paros parciales de tres horas al día a una huelga general con paros totales. Esto ahondaría más la situación de parálisis en la que vive sumida la judicatura desde hace más de 3 meses y medio.
María Dolores Cantó, decana del Colegio de Proccuradores de la Región e integrante del Comité Ejecutivo del Consejo General de España, percibe una pugna de las organizaciones que representan la parte laboral para ver cuál de ellas genera un mayor bloqueo en el sistema judicial. Cantó dice que esto no beneficia a nadie.
Cantó no dispone de cifras actualizadas de causas judiciales canceladas y aplazadas pero hace dos semanas, y tras el inicio de la huelga de paros parciales de los funcionarios de esta administración, señalaba que eran 1.000 en la Región de Murcia. A esta cuantía habría que sumar otras 13.000 que provocó la huelga de letrados. La decana de los Procuradores murcianos dice que la situación se ha agudizado en las últimas dos semanas y que hay despachos de trabajadores sociales y abogados que "están agonizando".
