Reclama también para el que fuera alcalde de Puerto Lumbrera la inhabilitación para el ejercicio de responsabilidad pública durante 36 años
El expresidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, que ya fue condenado a tres años de cárcel por el caso Auditorio, se enfrenta a una nueva petición de cárcel por parte de la Fiscalía, en esta ocasión por su intervención en el denominado "caso Guardería".
El escrito de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Pedro Antonio Sánchez, durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras, habría incurrido en los delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y contra la ordenación del territorio, al emplear de manera reiterada un procedimiento fraudulento para contratar con la empresa URDECON las obras de una guardería y un centro de la mujer. Por eso, pide para él una condena de 13 años y medio de cárcel y 36 años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier responsabilidad pública.
Según el relato del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, el Ayuntamiento presidido por Pedro Antonio Sánchez auspició la elaboración de hasta siete proyectos para construir un único edificio de dos plantas que debía albergar la escuela infantil y el centro de la mujer.
Los proyectos iniciales estaban incompletos (faltaban, por ejemplo, partidas para asegurar la cimentación o completar la estructura) pero sirvieron para conseguir subvenciones públicas. Con ese mismo objetivo, para obtener subvenciones, se fueron redactando sucesivos proyectos que era imposible ejecutar y que era sólo "trozos" de lo que debía ser el plan único para construir el edificio. Es un relato de los hechos con el que coincide la acusación particular que ejerce, en nombre de quien era en su momento portavoz del grupo municipal socialista, el abogado Alberto Martínez Soriano.
El Ayuntamiento, según el relato de Fiscalía, simuló licitaciones públicas, certificó falsamente partidas de obra para justificar documentalmente el gasto ante la administración regional que otorgaba las subvenciones y llegó a pagar "con dinero público obras inexistentes". Ese dinero fue percibido por la contratista, CONSTRUCCIONES URDECON Sociedad Anónima, pero su destino real resulta incierto.
Como unos proyectos dependían de otros, argumenta la Fiscalía, la única que podía ejecutar la obra era la contratista inicial, URDECON SA, así que "todos los expedientes de contratación estaban predeterminados ilícitamente" con el visto bueno de todos los que participaban en ellos, para adjudicárselos a esta empresa en perjuicio del resto de aspirantes a la licitación, que no tenían -y esto es textual- "ninguna opción real porque evidenciarían el fraude cometido". Fiscalía y acusación particular coinciden en que en la trama estaban involucrados tanto Pedro Antonio Sánchez, como varios técnicos municipales y la propia constructora. Sin la participación de todos ellos, hubiera sido imposible poner en marcha esta estrategia.
Más allá de las irregularidades en el procedimiento, de las falsas licitaciones y de la captación ilícita de subvenciones, la operación supuso un perjuicio para las arcas públicas, que emplearon en esta obra casi dos millones de euros, lo que -según el informe pericial aportado por la fiscalía- supone un sobrecoste intencionado de casi medio millón de euros. Martínez Soriano pone un ejemplo: hay aseos cuyas obras se presupuestaron varias veces.
La acusación particular tiene un mes para presentar su propio informe de conclusiones, aunque podría decidir no agotar el plazo que, al ser agosto inhábil, se extiende hasta finales de septiembre.
