La jueza abre juicio oral al expresidente regional, que se enfrenta a 11 años de prisión y 20 de inhabilitación. Se le impone una fianza de 74 millones de euros para cubrir el daño patrimonial causado a la Comunidad
El expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, se sentará en el banquillo por el caso de la desaladora de Escombreras. La fiscalía pide para él una pena de 11 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y fraude, mientras que la acusación particular eleva la petición a 15 años de prisión al entender que la posición de privilegio que ocupaba como presidente del gobierno regional debe entenderse como una agravante del delito. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Murcia le ha impuesto también una fianza de 74 millones de euros, para cubrir el daño patrimonial causado a la Comunidad Autónoma.
El escrito de acusación de la fiscalía considera probado que unas empresas privadas construyeron la desaladora de Escombreras para la Comunidad Autónoma sin que mediara un proceso de contratación pública; despreciando la necesidad de licencias; sin disponer de la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica y amparándose en informes de asesores privados contratados ilícitamente. Las instalaciones serían arrendadas a la Comunidad, que en virtud de las condiciones aceptadas, asumía desde el principio un sobrecoste "enormemente perjudicial para las arcas públicas" superior a los 74 millones de euros.
Fue el erario público el que asumió las cargas de la sociedad anónima Desaladora de Escombreras cuando ésta entró en causa de disolución: la empresa constructora -ACS- salió del accionariado y la compañía se convirtió en una empresa cien por cien pública. Los contratos y obligaciones pendientes los afrontó en solitario la administración regional: según dice textualmente el escrito de fiscalía "tales cuantías aparecían en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y su destino no podía ser desconocido por Ramón Luis Valcárcel".
La justificación del proyecto era generar agua potable para el suministro de varios ayuntamientos, con los que se suscribieron los correspondientes convenios. Pero esos convenios, dice el escrito de acusación, de nada han servido. Sin justificación alguna, el agua declarada "urgente por situación de emergencia" se convirtió en agua innecesaria para consumo urbano y, por darle alguna utilidad, acabó destinándose al riego agrícola de forma "totalmente antieconómica, porque era superior el coste de desalar que el precio de venta". De esa manera, concluye, "afloró la ruina del proyecto que era evidente desde su inicio".
En todo el operativo, la fiscalía observa indicios de los delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos, por los que pide una pena de 11 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta. Una petición que la acusación particular que ejerce el abogado Diego de Ramón eleva hasta los 15 años de prisión.
De Ramón argumenta que, como presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel tenía una responsabilidad especial sobre los medios públicos (económicos, materiales y humano) que acabó utilizando para cometer estos delitos. Por esa razón, mientras la fiscalía reclama la pena mínima prevista en el código penal, la acusación particular solicita que se le aplique una agravante.
Dice Diego de Ramón que lo ocurrido con la desaladora de Escombreras no fue un caso aislado: formaba parte de una estrategia que caracterizaba la manera de proceder del Gobierno regional de la época. De hecho, afirma, la desaladora se construyó para alimentar otro macroproyecto, el de la urbanización de Novo Carthago, que también sentará en el banquillo a varios miembros del ejecutivo murciano.
Junto a la Fiscalía y la acusación particular, en el procedimiento también está personada la Comunidad Autónoma, aunque ésta sólo para reclamar la responsabilidad civil del acusado por los perjuicios económicos causados a las cuentas públicas. Una circunstancia que indigna a Diego de Ramón que no entiende cómo es posible que nadie actuara antes, cuando ya en 2010 había informes del Tribunal de Cuentas que alertaban de las irregularidades que rodeaban el proyecto.
El juzgado le ha impuesto a Ramón Luis Valcárcel una fianza de más de 74 millones de euros para responder por su posible responsabilidad civil y ya ha anticipado que, en caso de que no la deposite, decretará el embargo de sus bienes en la cantidad que sea necesaria. De momento, De Ramón reclama que se le embarguen las pensiones que cobra como expresidente de la Comunidad Autónoma y como antiguo vicepresidente del Parlamento Europeo. Dice también que solicitará su cese como presidente de honor del PP en la región.
Evidentemente, el embargo de las pensiones no cubrirá esos 74 millones de euros en los que el juzgado ha fijado la fianza. Pero De Ramón sugiere que Valcárcel podría tener otras propiedades. De hecho, ha solicitado al servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España que audite las misiones comerciales que encabezó durante años a distintos países, entre ellos, Panamá.
Diego de Ramón confía en que la Audiencia Provincial señale la celebración de la vista oral para este mismo año, antes -dice- de las elecciones generales. Y se felicita de que la juez de instrucción que ahora ha decidido sentar a Valcárcel en el banquillo haya cambiado de opinión porque -les recuerdo- su primera decisión fue ordenar el archivo de la causa. Al abogado que promueve la acusación particular le parece que hay una explicación para ese cambio de criterio: el PP ha dejado de proteger a un Valcárcel que ahora ya "no es nadie".
