Fue de 26,4 por cada 10.000 mujeres, según los datos del Observatorio de la Violencia de Género. Los órganos judiciales dictaron 697 sentencias, de las que nueve de cada diez (91 %) condenaron al agresor
Durante el primer trimestre de 2023, los juzgados murcianos recibieron un total de 2.044 denuncias, un 18,92 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 1.730. Del total de mujeres víctimas de la violencia machista el 65,17 % de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a 11, según los datos facilitados por el TSJ de la Región de Murcia correspondientes al Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,4 en toda España, 1,7 puntos más alta que en el primer trimestre de 2022. Por encima de la media nacional se situaron Murcia, con una ratio de 26,4; Baleares, con 26; Comunidad Valenciana, con 25,6; Canarias, con 22,8; Navarra, con 21,1; Andalucía, con 21; Cantabria, con 19,2 y Madrid, con 18,4. Las tasas por debajo de la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12,4; País Vasco, con 13,1; Castilla y León, con 13,3; Cataluña, con 13,8; La Rioja, con 14,2; Castilla-La Mancha, con 14,3; Asturias, con 11; Aragón, con 16,4 y Extremadura, con 17,4.
En tres de cada cuatro casos (1.516, el 74 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría. Una cifra que nuevamente sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (57), que apenas alcanzaron el 3 % del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 16 % y las originadas por partes de lesiones, servicios de asistencia o por terceras personas, el 7 %.
El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar se redujo casi a la mitad con respecto al año anterior. En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 63 mujeres víctimas, el 10,67 % del total. De ellas, 34 eran españolas y 29 tenían otras nacionalidades.
Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 375 órdenes de protección, un 12,3 % más que hace un año. De ellas, 286 fueron adoptadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, un 12,6% más y otras 89 fueron denegadas.
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.454 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (263), que representó un 31,8 % del total y las órdenes de alejamiento (221), un 26,7 %.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 312 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (88) y con la atribución de la vivienda (55).
El número total de sentencias dictadas en el trimestre fue de 697 y, de ellas, 630 fueron condenatorias y 67 (el 19,93 %), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en la Audiencia Provincial de Murcia, que dictó cinco sentencias, todas ellas condenatorias y en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 96,23 %. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 72,21 % de los casos enjuiciados.
En opinión de la investigadora de Sociología de la Universidad de Murcia Ana Millán, estos datos que les acabamos de contar resultan "abrumadores" y vienen a demostrar que "algo está fallando". Necesitamos, a su juicio, un análisis más profundo del fenómeno y un estudio riguroso de la eficacia que tienen las medidas que las administraciones han puesto en marcha en los últimos tiempos.
Lo que está claro, dice Millán, es que no podemos seguir mirando impasibles cómo las cifras de víctimas de violencia de género crecen trimestre a trimestre.
Para contrarrestar esa tendencia, lo primero que hace falta es entender bien qué está ocurriendo. No se ha hecho un análisis de las variables sociales, demográficas, culturales y económicas que inciden sobre la violencia de género. De la misma forma que tampoco se ha estudiado con seriedad cuál es la tasa de éxito, el nivel de eficacia, de las medidas que se han puesto en marcha para tratar de corregir el fenómeno y proteger a las víctimas.
Hay, a juicio de Millán, elementos que necesitan ser mejorados de manera inmediata, porque cuando uno se acerca a las víctimas observa que hay situaciones que se repiten, como la falta de apoyo familiar o institucional. Otra constante es la lentitud con la que llega la respuesta de las administraciones, cuestión que resulta decisiva porque la ayuda o la protección, para ser eficaces, tienen que ser rápidas, casi inmediatas.
Para esta investigadora hay otros muchos elementos a tener en cuenta. Hacen falta programas educativos más eficaces; hay que vigilar los mensajes contradictorios que llegan a amplios segmentos de la población más joven (y pone como ejemplo las letras de muchas canciones, o la cosificación de la mujer en muchas redes sociales). Y sería imprescindible también dejar claro que la violencia de género es un fenómeno social que no admite lecturas ideológicas, del que ningún partido debería tratar de apropiarse porque sólo sirve para generar rechazo en los partidos del otro lado del espectro político.
