Mikel Araguás, coordinador de SOS Racismo, hizo público en junio su informe anual que recoge un incremento de las denuncias por discriminación o segregación racial a causa del color de piel, origen y motivos culturales
La Fiscalía ha abierto diligencias contra el portavoz adjunto de VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, por las declaraciones que realizó vinculando la inmigración con la delincuencia. Se trata de dilucidar si hay infracción penal. En caso de que la conclusión sea positiva, se dará traslado de la imputación, en su caso, al denunciado. El ministerio público, sin embargo, no aprecia delito contra el líder de la ultraderecha, José Ángel Antelo por un tuit en el que relacionaba la llegada de pateras con el terrorismo yihadista.
La denuncia contra ambos la presentaron cuatro organizaciones sociales: Amigos de Ritsona, Convivir sin Racismo, Parem y Murcia Acoge según explica Joaquín Sánchez, uno de sus portavoces. Sánchez considera que las conductas denunciadas entrañan descrédito, humillación y menosprecio de un colectivo vulnerable caracterizado por su origen nacional. Dice que se ha requerido a la Jefatura Superior de Policía que investigue también esos hechos y dice que les gustaría que la iniciativa corriera a cargo de la Fiscalía pero en caso contrario no descartan presentar una querella.
Recordamos que Rubén Martínez Alpañez afirmó, sobre la llegada de migrantes, que "luego vemos a gente con machetes por las calles, nuestras cifras de delincuencia se están incrementando geométricamente, los delitos sexuales relacionados con menores de edad y, sobre todo, con inmigrantes se multiplican por más de 100".
Este jueves, en Onda Regional, ha manifestado su sorpresa por la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía y se pregunta por qué no se hace lo mismo con el delegado del gobierno que tomó la decisión de poner a esas personas en la calle.
En relación con las declaraciones vertidas por el vicepresidente del gobierno regional y líder autonómico de VOX, José Ángel Antelo, la Fiscalía señala que el mensaje publicado en la red social X (antes Twitter) relacionando la inmigración irregular con el yihadismo, podría estar amparado por la libertad de expresión, aunque "puedan resultar, para muchos, impopulares, desacertadas u ofensivas, pero no serian constitutivas de discurso de odio".
En realidad en este caso lo que está en estudio es la posible comisión de un delito de "discurso de odio", entendiendo como tal aquel en el que se incurre cuando, a través de manifestaciones públicas, se incita o promueve una actitud hostil, discriminatoria o incluso violenta contra lo que se denomina "un grupo diana", es decir, minorías que requieren de la protección de los poderes públicos. En este supuesto, ese grupo diana serían los migrantes, identificados como una minoría caracterizada por su etnia, raza, origen nacional o incluso por su condición o apariencia de pobres.
Lo que ahora debe decidir la Fiscalía, antes de llevar el caso ante los juzgados, es si las palabras de Martínez Alpañez podrían tener ese efecto incitador. Nos lo ha explicado el profesor de Derecho de la Universidad de Murcia Samuel Rodríguez, autor de varias investigaciones sobre este tipo de delitos.
No hay que perder de vista que lo que la ley protege son derechos fundamentales que está consagrados por la jurisprudencia y los tratados internacionales y recogidos en la Constitución Española. En ella se establece un límite específico a la libertad de expresión en el respeto de esos derechos, entre los que se incluyen el de la igualdad y no discriminación como expresión de la dignidad de la persona.
Las penas que el Código Penal prevé para este tipo de delitos oscilan entre uno y cuatro años de prisión, más una multa, que se acumularía, de entre seis y doce meses. Con una circunstancia que podría llegar a aplicarse en este caso: cuando las manifestaciones públicas se producen a través de medios de comunicación o por redes sociales, la pena se fijará en la mitad superior de esa horquilla, al entender que la conducta es más grave cuando tiene más alcance.
SOS Racismo reclama medidas para frenar el racismo estructural tras el aumento este año de las denuncias en más de un 40% con respecto a 2022. La Federación de asociaciones pide responsabilidad a los dirigentes políticos y les recuerda que su misión es fomentar la convivencia y no generar discursos de odio.
La federación hizo público en junio su informe anual que recoge un incremento de las denuncias por discriminación o segregación racial a causa del color de piel, origen, motivos culturales, religiosos, pertenencia una minoría étnica o racial. En total se alcanzaron los 740 casos en todo el país. Una nueva investigación con víctimas y agentes sociales e institucionales que intervienen en estos casos plantea hasta un centenar de medidas para luchar contra el llamado racismo estructural, tan asentado en nuestra sociedad como el machismo explica Mikel Araguás, coordinador de SOS Racismo.
El coordinador de SOS Racismo se pronunciaba sobre la decisión de la Fiscalía de Murcia de abrir diligencias por una denuncia contra dirigentes de Vox en la Región que vincularon inmigración con inseguridad. Araguás piden sensatez y responsabilidad y recuerda que los dirigentes políticos están para fomentar la convivencia. Entre las medidas planteadas para combatir el problema Sos Racismo menciona las de tipo de legislativo.
