La ministra de Igualdad señala que se asegurará de que el consentimiento siga estando en el núcleo de la la ley y carga contra la derecha a la que culpa de lanzar "una ofensiva indecente" contra el gobierno de coalición
En su opinión, la ofensiva que se ha generado contra la ley, lo que busca en realidad es volver a la situación anterior cuando la víctima tenía que demostrar que se había resistido a la agresión, por lo que afirma que se asegurará que el consentimiento esté en el centro del texto.
La titular de Igualdad, ha lamentado que, frente a las felicitaciones que ha recibido el gobierno español desde la Unión Europea y otros organismos internacionales por esta ley, en España sus promotores sufran lo que ha definido como "una ofensiva indecente de la derecha política, judicial y mediática". Por eso, ha advertido que harán lo que sea necesario para proteger al gobierno de coalición.
Irene Montero hacía estas declaraciones desde Lanzarote donde ha acudido a arropar a los candidatos de su formación a las elecciones locales del próximo mes de mayo. En Santander, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños se refería a este asunto y criticaba que las derechas tengan un pacto oculto para hacer retroceder los derechos de las mujeres.
Por su parte, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha tendido la mano al Gobierno para cambiar de forma urgente esta ley y ha opinado que "quien tiene que salir a la calle, no son los agresores sexuales, sino la ministra de Igualdad".
Sémper ha hecho estas declaraciones en San Sebastián antes de participar en el homenaje que ha tenido lugar en el cementerio de Polloe en memoria del concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado a tiros por ETA hace 28 años.
El portavoz del comité de campaña popular, ha dicho que la necesidad de cambiar esta norma se ha convertido en "un clamor en España" y ha opinado que si no se hace es por "los equilibrios internos que existen en el Gobierno de la nación".
La ministra también ha comentado que la mayoría de los jueces han aplicado la ley de forma "correcta" pero que una minoría "ha decidido bajar penas y no aplicar de forma correcta ni la ley y el derecho transitorio que está en pleno vigor", recordando que una situación similar ocurrió en el año 2004 cuando se aprobó la ley contra la violencia de género porque en sus primeros años hubo casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los tribunales y los sobreseimientos aumentaron en un 158%.
"Ya pasó en 2004 y está volviendo a ocurrir --aseguró--. Los avances feministas necesitan de mucha pedagogía y que todo el mundo acepte que España está por encima de sus interés, sus opiniones o su voluntad a la hora de aplicar la ley".
Asimismo, he hecho especial hincapié en que el Gobierno ha hecho "todo lo necesario" para una correcta aplicación de la ley y que "todos" los organismos internacionales están felicitando a España por la norma mientras el PP "ha ofrecido sus votos para volver al modelo anterior".
