Para el vicepresidente de la asociación estatal Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín, cifras tan reducidas plantean muchas preguntas sobre el funcionamiento de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia
746 personas han solicitado ayuda para morir en todo el país durante el primer año y medio de vigencia de la ley que regula la eutanasia. Casi la mitad de los solicitantes lo consiguió pero un tercio murió antes de obtener respuesta. Murcia es la comunidad con la cifra más baja de solicitudes por habitante de España.
Los últimos datos facilitados por el ministerio indican que en la Región se recibieron hasta 2022, durante el primer en año y medio de vigencia de la norma, cinco solicitudes y se practicaron dos eutanasias. Según la consejería de Sanidad, durante este 2023 que ahora termina sólo se ha registrado una petición y no concretan si se autorizó, se denegó o sigue tramitándose. Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente su vicepresidente, el doctor Fernando Marín, cree que cifras tan bajas plantean muchas preguntas.
Como en el resto de Comunidades, la Región dispone de una comisión de garantías que resuelve las peticiones conforme indica la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la LORE. Su responsable no accede sin embargo a entrevistas con medios de comunicación, según indican desde la consejería de Salud. El vicepresidente de Derecho a Morir habla, por la experiencia de pacientes que acudieron a este colectivo, de muchas dificultades para conseguir asistencia en Murcia. Reconoce la asociación que la ley lleva poco tiempo en marcha y que 'hay mucho margen de mejora en todas las comunidades', lo primero agilizar los trámites. Derecho a Morir pide al ministerio que coordine mejor las comisiones autonómicas y cree un foro interterritorial. En lo que compete a las comunidades autónomas, el colectivo reclama formación y reconocimiento sin titubeos para los pocos profesionales sanitarios que se implican.
