"Esa medida supone la degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España", afirman en una declaración
Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial van a solicitar al presidente la celebración de un pleno extraordinario para pronunciarse sobre la futura Ley de Amnistía que el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, está comprometiendo con formaciones independentistas a cambio de su apoyo en al investidura. Esa ley trata de beneficiar a los promotores y partícipes en el referendum ilegal de Cataluña del 1 de octubre.
Entre los 8 vocales del Consejo está el murciano Juan Martínez Moya, uno de los nombrados a propuesta del PP.
En conversación con Onda Regional, el magistrado asegura que el texto para solicitar ese pleno extraordinario está aún en elaboración a pesar de los detalles que han trascendido sobre él en las últimas horas. Los vocales entienden que esta ley puede suponer "la abolición del Estado de Derecho" y supone generar "una casta jurídicamente impune a sus delitos".
Martínez Moya declina hacer declaraciones al estar ese texto sin cerrar. El jurista murciano explica que, una vez se eleve la petición de pleno extraordinario, el presidente tendrá un plazo de 5 días para pronunciarse. De ser afirmativa la respuesta, podría coincidir la próxima semana con la posible investidura de Sánchez.
Si la iniciativa se presentase a través de un proyecto del ley del Gobierno sería obligatorio recabar informe del CGPJ pero, como se va a tramitar mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios, este informe no será necesario. Por eso los vocales exigen un pleno extraordinario para dejar clara la opinión del Consejo.
Los firmantes del escrito denuncian expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, "dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Además, cargan contra Sánchez por argumentar que la amnistía se adoptará en "interés de España" para "impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral". "Confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", avisan.
En este contexto, aspiran a que el Pleno del CGPJ deje clara la inconstitucionalidad de la amnistía, puesto que, según apuntan, iría en contra del principio básico del pluralismo político. También recalcan que exceptuar "la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho en el que se quiso constituir España y efectivamente se constituyó... al menos hasta ahora".
Para estos vocales, "no es compatible" con el principio de Estado de Derecho ni con el de responsabilidad de los poderes públicos "que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales", cualquiera que sea su naturaleza "para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno".
"Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal", agregan, antes de añadir que con la amnistía se generaría una "casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos" que contravendría "el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley".
Además, señalan que con esta medida se "violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico". "Mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales", destacan. A su juicio, "la enormidad de las consecuencias" de lo anunciado por Sánchez "es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera".
Por último, advierten de que la amnistía no sólo violenta la Constitución sino también los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea "para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial". "El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el 'interés de España'", concluye el escrito de los vocales.
