José María Albarracín, presidente de CROEM, dice que lo deseable "desde el minuto uno" hubiera sido un acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas del país y los sindicatos creen que se pone fin a la interinidad
Entre los agentes sociales, el acuerdo de legislatura entre PSOE y Junts genera reacciones opuestas. Mientras los sindicatos de clase (UGT y CCOO) se felicitan por la conformación de un gobierno de progreso que podrá seguir desarrollando medidas de contenido social como las aprobadas en estos últimos años, CROEM asegura que los empresarios de esta región rechazan un pacto que no respeta "las leyes constitucionales y profundiza en las diferencias entre españoles".
El presidente de la patronal, José María Albarracín, sostiene que lo deseable "desde el minuto uno" hubiera sido un acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas del país que habría hecho innecesario contar con el apoyo de los grupos independentistas. Albarracín asegura que este acuerdo cuenta con el rechazo de los empresarios de la región:
En el extremo contrario se sitúan UGT y CCOO. Ambas organizaciones sindicales creen que es una buena noticia para el país que se ponga fin al largo periodo de interinidad que se inició tras las elecciones generales del mes de julio. Confían en que un gobierno presidido por Pedro Sánchez continúe con la línea de mejoras y avances sociales que ya dejó en la anterior legislatura avances muy considerables, como la revisión al alza del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma que ha dotado de mucha más estabilidad al mercado laboral. Dice además el secretario general de Comisiones en la región de Murcia, Santiago Navarro, que España necesita darse una oportunidad para resolver políticamente el problema territorial que hay planteado en Cataluña:
Los sindicatos esperan también que el acuerdo para condonar parte de la deuda que las Comunidades Autónomas han acumulado sirva para desatascar el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. En cuanto a los hipotéticos riesgos para la estabilidad institucional del país que, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, dice estar convencido de la responsabilidad constitucional del gobierno pero recuerda que no se puede aspirar a resolver los problemas negándose a negociar.
