La instalación en el Valle de Escombreras de un electrolizador de 100 MW supondría una inversión de 215 millones de euros y la generación de más de 1.000 empleos
La decisión de Repsol de dejar en "stand by" el llevar a cabo el proceso inversor en algunos de sus proyectos industriales en distintas zonas del territorio español hasta contar con unas condiciones estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad, deja en el aire inversiones cercanas a unos 1.500 millones de euros, según estimaciones del sector.
En concreto, la advertencia lanzada la pasada semana por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y reafirmada este lunes por el presidente de Petronor y consejero de la petrolera, Emiliano López Atxurra, respecto a estudiar la viabilidad de estos proyectos ante una posible prórroga del impuesto especial para las energéticas y la banca -vigente actualmente para este año y 2024- recogido en el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para un posible Gobierno de coalición-, podría afectar a proyectos en cartera del grupo en Cartagena, Euskadi y Tarragona (Cataluña).
En Cartagena está prevista la instalación de un electrolizador de 100 MW, con una inversión de unos 200 millones de euros. Tanto el proyecto de electrolizadores en Tarragona como en Cartagena han sido calificados como Ipcei y seleccionados por la Comisión Europea como proyecto innovador para recibir fondos dentro del programa Innovation Fund.
Sobre esta cuestión, la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo alertaba este martes de la necesidad de un marco estable para que las empresas planifiquen sus inversiones, que en el caso de Cartagena supondrían la transformación industrial de Escombreras. Arroyo arremete contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez por su incapacidad para asegurar la inversión industrial y advierte que con la política fiscal anunciada están en riesgo doscientos millones de euros y mas de un millar de empleos para la producción de hidrógeno verde.
El consejero de Empresa, Luis Alberto Marín, ha mostrado la preocupación del Gobierno regional por la posible paralización de la nueva planta de hidrógeno renovable, que supondrá una inversión de 215 millones de euros y la generación de más de 1.100 empleos. Marín sostiene que el pacto entre PSOE y Sumar asfixia fiscalmente a las empresas.
