Antonio Jiménez, secretario general de UGT Región de Murcia, asegura que "las ayudas están avaladas por la Ley de Participación Institucional"
UGT presenta una queja al Defensor del Pueblo por las conductas antisindicales e inconstitucionales de algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el de la Región de Murcia, al que reprocha haber incluido en el acuerdo de gobierno con Vox la supresión de subvenciones a sindicatos y patronal.
La reclamación ha sido presentada por el secretario general de este sindicato, Pepe Álvarez, que denuncia una campaña de acoso, sobre todo en el caso de los gobiernos de Castilla-León y Extremadura, a organismos de mediación y resolución de conflictos laborales.
En virtud de estos derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución y el Derecho Internacional, los sindicatos y las asociaciones de empresarios han desarrollado mecanismos de solución autónoma de conflictos en todas las Comunidades Autónomas (SERLA, IRMA, SERCLA, PRECO o el Tribunal Laboral de Catalunya, entre otros) y a nivel nacional (SIMA-FSP). El Estado que posee la competencia exclusiva en materia laboral no solo ha posibilitado que se pongan en marcha estos mecanismos, sino que los ha incorporado como parte obligatoria de determinados conflictos en el seno de las empresas.
Otros ejemplos de conducta anticonstitucional sobre los que UGT también ha presentado queja ante el Defensor del Pueblo son los llamamientos a la reducción considerable de subvenciones a sindicatos y patronal recogidos en los acuerdos de Gobierno del Partido Popular y el Partido Vox (puntos 55 y 25 del acuerdo para la formación de un Gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido VOX en Extremadura y la Región de Murcia, respectivamente).
Antonio Jiménez, secretario general de UGT Región de Murcia, recuerda cuál es del destino de estas ayudas que están avaladas por la Ley de Participación Institucional.
