Los trabajadores pagaban en su país para venir y, cuando llegaban, les cobraban entre 4.000 y 12.000 euros por regular su situación administrativa
La operación 'Bomvoyage", que arrancó tras la detección de irregularidades en contrataciones, se ha saldado con 13 detenidos en Murcia y Albacete y otros seis investigados como parte de una organización criminal internacional, dedicada a engañar a temporeros, captados en Senegal y Marruecos, para explotarlos laboralmente. Así lo han explicado este miércoles la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y el coronel jefe de la Comandancia de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo.
Cuando el instituto armado detectó posibles irregularidades en la gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), en en una empresa agrícola de Hellín (Albacete), se inició una investigación que desveló un proceso de selección amañado en Senegal y Marruecos.
Al parecer, los temporeros que fueron seleccionados habrían pagado entre 4.000 y 6.000 euros y, una vez en España, se les ofrecían viviendas y trabajos agrícolas precarios. Si no querían cumplir con su contrato ni regresar a su país, les cobraban entre 4.000 y 12.000 euros para regular su situación administrativa y, así, aprovechaban que era legal introducir a personas en el país para hacerlo, además, de forma ilícita. Según explica la Guardia Civil, en los últimos tres años se han detectado 300 posibles casos.
La organización criminal contaba con asesoramiento jurídico, captadores en Senegal y Marruecos y gestores en España. Los cabecillas, además, ejercían como facilitadores en el continente africano, "a través de una intachable reputación ante las autoridades públicas", han subrayado Tolón y Rodrigo.
Los migrantes soportaban "extenuantes jornadas de trabajo" y deducciones de nómina ilegales, con lo que les quedaba un sueldo de apenas 200 euros al mes. Aunque la organización criminal también hacía negocio por otras vías.
Por un lado, obligaban a los migrantes a firmar documentos que no entendían, para que contratasen servicios bancarios o de telefonía, y poder cobrar las comisiones. Por el otro lado, alquilaban instalaciones hoteleras y fincas, aisladas y en desuso, mediante contratos que inflaban los precios, para obtener mayores subvenciones públicas.
Se realizaron tres registros en Hellín y otro en Alhama de Murcia, donde localizaron documentación, material informático y tecnológico y productos financieros. Durante la inspección y en las entrevistas mantenidas con los inmigrantes, se ha comprobado la existencia de los cobros indebidos, el aislamiento y las insalubres condiciones de vida en los alojamientos e incluso la falta de alimentos que sufrían los afectados.
