Van a tener que asumir todos los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual, aunque no exista un vínculo matrimonial o de pareja entre el agresor y la víctima
135 jueces y juezas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de toda España, cinco de ellos de la Región de Murcia, han suscrito un comunicado en el que advierten del riesgo de colapso total de estos órganos que, a partir de ahora, y en cumplimiento de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, van a tener que asumir todos los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual, aunque no exista un vínculo matrimonial o de pareja entre el agresor y la víctima.
Se quejan los jueces de que esta ampliación de competencias, que el Gobierno justifica en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, ha sido diseñada por el Ministerio como una reforma "a coste cero", a pesar de que, según sus propios cálculos, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer van a ver incrementada su carga de trabajo en al menos un 20 %. Hemos conversado con Francisco Manuel Gutiérrez, magistrado del número 2 de Sevilla y portavoz de los firmantes.
Gutiérrez teme que las consecuencias de esta sobrecarga de trabajo las acaben pagando las víctimas. Mujeres, nos recuerda, que han dado un paso que no suele resultar sencillo y que tal vez ahora no encuentren la respuesta que merecen por parte del sistema judicial.
La ampliación de competencias que contempla el Ministerio de Justicia implica que, a partir de ahora, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán también los encargados de delitos como la trata de mujeres para fines de explotación sexual. Un asunto que involucra a organizaciones criminales y que suele exigir investigaciones complejas y prolongadas. Otra vez, nos decía, un esfuerzo que irá en detrimento de la atención que ahora reciben las víctimas.
La alternativa que los jueces proponen en su comunicado es que el Ministerio deje en suspenso la aplicación de esta reforma hasta que los Juzgados cuenten con la dotación de medios que necesitan, o bien que busque una alternativa que podría pasar por volcar esos delitos sexuales en juzgados de instrucción con competencias especiales. Piden también que se reconozca a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la consideración de órganos penales especializados, para que sus titulares tengan más posibilidades de promocionar profesionalmente.
