Tan solo con los votos del PP y el PSOE, la propuesta legislativa se tramitará por el procedimiento de urgencia, para que pueda ser aprobada a finales de julio
El pleno del Congreso ha aprobado con los votos del PP y del PSOE empezar la tramitación urgente de la ley que reformará el Consejo General del Poder Judicial, aunque con las críticas del resto de partidos políticos. Vox, Podemos, y Junts han votado en contra; Sumar junto a PNV y UPN se ha abstenido, y algunos de los principales aliados de la investidura de Pedro Sánchez, como ERC y Bildu, no han votado.
La propuesta reformará la Ley del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal con el fin de evitar las denominadas 'puertas giratorias' en la Justicia, reforzará las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazará al nuevo Consejo General del Poder Judicial a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de los vocales.
Durante el debate, el PP ha defendido que su pacto pone límites al "populismo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su portavoz, Miguel Tellado, ha querido dejar claro que se han avenido al acuerdo para garantizar la independencia de la justicia española.
El PSOE, por su parte, ha defendido la necesidad del acuerdo tras más de cinco años de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. De hecho su portavoz en la Cámara Baja, Patxi López se ha mostrado abierto a llegar otros pactos, como la lucha contra la violencia machista o las políticas migratorias.
Sumar, que se ha abstenido, considera que el acuerdo PP-PSOE no va a acabar con "la guerra jurídica" que a su juicio practican los tribunales contra "cualquiera considerado enemigo de las derechas", según ha declarado Enrique Santiago, su portavoz de Justicia.
Podemos y Vox votaban en contra. Desde la formación morada, su líder, Ione Belarra, ha reclamado al PSOE que rompa el acuerdo con el PP y opte por otro con la mayoría parlamentaria progresista. Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán ha denunciado que el pacto entre populares y socialistas no supone la despolitización del poder judicial.
La proposición de ley para reformar el Poder Judicial se tramitará por el procedimiento de urgencia con la intención de que el Senado la apruebe definitivamente el 31 de julio.
