El profesor de la UMU Ángel Cobacho señala que solo se podría recurrir la quita cuando haya sido aprobada por el parlamento y publicada como ley en el BOE
El presidente autonómico del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que si prospera la propuesta del Gobierno de condonación de la deuda a las comunidades autónomas, la llevará ante el Tribunal Constitucional.
"Daremos la batalla política y en los tribunales y, anuncio que, si esta ley llega al final y se aprueba, Castilla y León recurrirá ante el Tribunal Constitucional, porque es una ley que atenta contra la igualdad de los españoles", ha afirmado un día después de que los consejeros del PP dieran plantón a la ministra María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal.
De momento, el Gobierno de la Región de Murcia no se ha expresado en la línea de Fernández Mañueco. En Onda Regional hemos consultado a un experto sobre este posible recurso ante el TC. Argumentos "cogidos por los pelos" es lo que observa el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Ángel Cobacho. Recuerda que, en cualquier caso, ese paso solo podrá darse una vez que la propuesta del Gobierno haya sido aprobada por el parlamento y publicada como ley en el Boletín Oficial del Estado.
Dice Cobacho que el propio Tribunal Constitucional ha dejado claro en su jurisprudencia que el principio general de la igualdad entre los españoles, que consagra la Carta Magna, es compatible con disposiciones legales que establecen tratos diferenciados en función del territorio, siempre que esas medidas puedan ser justificadas y se apliquen en función de criterios objetivos.
A este profesor de Derecho Constitucional no deja de sorprenderle que se anuncie un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que ni siquiera existe. Tal vez, nos dice, esa amenaza se haga ahora, porque es más fácil anunciar un recurso a varios meses vista que fundamentarlo cuando llegue el momento de registrarlo.
Ángel Cobacho cree que, en realidad, la amenaza del recurso de inconstitucionalidad forma parte de la "errática" reacción que observa en muchos dirigentes del PP, a los que la propuesta de quita del Gobierno central parece haberles cogido con el pie cambiado.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que la condonación de deuda autonómica debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal por los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones y por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales.
La presidenta de AIReF, Cristina Herrero, participó ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y trasladó a los participantes las condiciones que la institución, como garante de la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas, considera que debe incluir el acuerdo para la condonación de la deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA).
Para la autoridad independiente, "no está de más" reforzar el cumplimiento de las reglas fiscales con una condicionalidad fiscal asociada al proceso de condonación de deuda, toda vez que, además, el fondo de liquidez autonómico no desaparece, de manera que se seguirían financiando a través de él tanto los déficits registrados en el ejercicio como los excesos de déficit generados en años anteriores.
"No tiene sentido, por tanto, hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales", ha subrayado el organismo en una nota.
Para la AIReF, la condicionalidad fiscal exigible debería tener en cuenta la posición de partida de cada comunidad, así como su posición relativa respecto a un sistema de financiación cuya reforma todavía no se ha resuelto.
Así, la AIReF considera que la condonación que se propone "no resulta suficiente" para acabar con la permanente interinidad de los mecanismos que nacieron como extraordinarios en la crisis financiera de 2008 y se convirtieron en permanentes.
La agencia de calificación de riesgos Moody's ha advertido este jueves en un informe del posible "riesgo moral" que podría suponer la propuesta para condonar más de 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas.
Moody's subraya que la quita no afectará directamente a la deuda soberana española, pero que ello aumenta "los riesgos morales", ya que la quita podría desalentar las políticas fiscales prudentes a nivel regional, lo que "pesaría sobre las finanzas del gobierno general y tendría un impacto adverso en la fortaleza fiscal".
"La cancelación de la deuda no afectará directamente a los ratios de deuda soberana porque la deuda de las regiones ya se contabiliza como parte del 'stock' de deuda de las administraciones públicas, pero plantea algunas preocupaciones de riesgo moral", incide el informe de la calificadora de riesgos.
