El presidente del Consejo de Gobierno comparece ante el Pleno de la Asamblea Regional para someterse a una sesión de control
El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, ha insistido este miércoles en la Asamblea en que los presupuestos "son la hoja de ruta" de un gobierno y que al no aprobarlos este adeuda a la Región "124 millones de euros, lo que supone un mes de nómina de los funcionarios y las nóminas de los centros concertados y de las universidades de toda la Región para el resto del año", además de que "el Arco Norte y el tercer carril de la A-3 tendrán que esperar porque no hay presupuesto".
Respondía así a la pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, durante la sesión de control al Gobierno, en la que ha afirmado que el que no se hayan presentado los Presupuestos Generales de 2024 "acentúa el castigo" a la Región de Murcia. Por su parte, López Miras ha asegurado que con esto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha dejado de asumir su responsabilidad" y que solo existe "para aprobar una ley redactada por un huido" en referencia a la Ley de Amnistía.
Por su parte, el portavoz socialista, José Vélez, ha aprovechado su turno de preguntas para acusar a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, de "inventarse un motín en el campamento del Hospital Naval" y ha afirmado que estas "falsedades alimentan el odio entre personas" y ha acusado al Gobierno de "pregonar discursos racistas y xenófobos".
Así, Vélez también ha acusado al gobierno de López Miras de "negar la existencia del cambio climático" y le ha preguntado por su apoyo a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre lo el presidente regional ha afirmado que su gobierno "se preocupa y se ocupa permanentemente" después de calificar su discurso de "falto de humildad y egocéntrico" puesto que, le ha dicho, "cree que tiene la patente de la solidaridad, del respeto a los demás, de ayudar al necesitado y de la lucha por la igualdad".
En el turno de preguntas de Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, Rubén Martínez Alpañez, ha mostrado su preocupación sobre que "el 89% de los empleos que se han generado en la Región han sido en el campo y en la hostelería" afirmando que "en otras regiones se puede "comprobar como los trabajadores con el mismo mono de trabajo se van a hacer la cola para que le den una cesta de comida".
El diputado ha afirmado que "en la Región son cada vez más las familias que tienen que optar entre comer o pagar la hipoteca" y ha pedido "crear empleo en sectores que sean altamente productivos" apuntado que el programa electoral del PP "se comprometía a que el sector industrial alcanzaría un 25% del valor añadido bruto en nuestra economía".
Al hilo, el presidente autonómico, ha afirmado que el Gobierno debe avanzar en "políticas de apoyo a los autónomos, políticas activas de empleo, apoyo a los colectivos de especial relevancia y en la formación y cualificación profesional dirigida a la empleabilidad". Asimismo, ha apostado por crear un Plan Industrial y un Plan de Empleo 2025-2028 "que va a girar en torno a la formación profesional" y en el que ha afirmado que ya están trabajando.
La Comunidad Autónoma ha abierto siete expedientes sancionadores en los últimos dos años a varias empresas agrícolas por contaminar el Mar Menor que se han resuelto con multas de 2.600.000 euros.
Lo anunciaba esta tarde el presidente Fernando López Miras en el pleno de la Asamblea Regional en respuesta a una pregunta de Podemos. El jefe del Ejecutivo reconocía que empezaron a actuar contra las empresas implicadas en el caso Topillo, la principal causa judicial abierta por la crisis ambiental del Mar Menor, al recibir un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia. En total, ha dicho López Miras, se han abierto siete expedientes sancionadores.
La portavoz del grupo mixto, María Marín, acusaba sin embargo al presidente de no haber actuado con la suficiente diligencia y de rebajar considerablemente las multas solicitadas por los tribunales. Marín reprochaba incluso al presidente haber entregado hace unos días un premio a uno de los encausados en el caso Topillo para el que Fiscalía pide tres años de cárcel.
