A dos días de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa una propuesta por la que el Estado asumirá más de 83 000 millones de euros de la deuda pública que ahora soportan las Comunidades Autónomas. El gobierno ha cumplido su promesa de hacer extensivo a las comunidades de régimen general (todas, menos País Vasco y Navarra) el acuerdo para la condonación de deuda recogido en el pacto de investidura que el PSOE firmó con Esquerra Republicana de Cataluña. Para el caso concreto de Murcia, Hacienda ofrece condonar 3.318 millones de euros.
El primer anuncio lo hacía precisamente el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, al término de la comisión bilateral Estado-Generalitat. Cataluña, decía, verá condonados 17 000 millones de euros de su deuda. Inmediatamente después comparecía ante los medios la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para confirmar que la medida no sólo beneficiará a Cataluña.
En realidad, Cataluña no es, ni de lejos, la comunidad más beneficiada por los criterios que ha aplicado Hacienda. Andalucía y Canarias son las que salen mejor paradas, porque Hacienda propone que el Estado asuma casi la mitad de la deuda pública que esas regiones acumulaban al cierre del ejercicio de 2023. Cataluña, como Valencia, no llegaría al 20 %; Murcia se situaría en un grupo intermedio, porque la propuesta de transferir al Estado 3.318 millones de su deuda equivale a algo más del 27 % del total.
Montero ha defendido esta operación argumentando que permitirá sanear las cuentas de las administraciones regionales. La medida se llevará pasado mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para ser sometida a la consideración de las Comunidades Autónomas, aunque ya conocemos de antemano la posición de las gobernadas por el Partido Popular. La ha anunciado el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que todas votarán en contra.
Voto negativo del Gobierno murciano que ha confirmado el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín. El Ejecutivo regional argumenta que esta medida aislada no soluciona el verdadero problema de Murcia, que está en la infrafinanciación que recibe. En su opinión, el Gobierno ha establecido los porcentajes de quita siguiendo sus propios intereses políticos y el resultado es una propuesta inaceptable que el consejero Marín describe como una "ofensa a los murcianos".
No sin cierta sorna, la ministra de Hacienda ya dejaba claro que las comunidades no están obligadas a que parte de su deuda sea perdonada.
La dirección provincial de Vox ha expresado su rechazo a la propuesta de Montero. "Pedro Sánchez compra con el dinero de todos los españoles seguir en la Moncloa", han señalado desde el partido en un comunicado. Vox afirma que la Región de Murcia es la comunidad "peor financiada de España" e insiste en que quiere una financiación justa.
Ha habido alguna otra reacción en la Región, en concreto la de Podemos, cuyo diputado regional Víctor Egío no acaba de entender la negativa del PP a aceptar la quita.
Acuerdo de ERC con el Gobierno central
Tratemos de explicar algún detalle de esta propuesta que, como ya hemos apuntado, surge del acuerdo de investidura que el PSOE firmó con Esquerra Republicana de Cataluña, pero en la que el Ministerio de Hacienda ha incorporado algunas modificaciones que son las que determinan el reparto final de cantidades.
En el pacto de investidura, la condonación de la deuda se incluyó como una contrapartida al exceso de deuda que Cataluña tuvo que asumir para financiar sus servicios públicos tras la crisis financiera, es decir, entre 2009 y 2013. A la hora de trasladar ese pacto al resto de Comunidades Autónomas, Hacienda ha introducido dos ajustes: uno, para garantizar una cantidad mínima de partida para todos los territorios; otro, como mecanismo de compensación para las regiones peor financiadas (mecanismo que, en el caso concreto de Murcia, ha aportado casi mil millones a la cifra final). Hemos hablado con José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda.
A partir de ahí, nos explica Mollinedo, el cálculo se ha hecho utilizando criterios homogéneos para todas las Comunidades. Es evidente, añade, que se podían haber utilizado otros; pero no hay una propuesta común porque en esto cada territorio vela por sus propios intereses. En este sentido, es importante tener en cuenta que la propuesta de Hacienda sólo necesita el apoyo de una comunidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para iniciar su tramitación parlamentaria.
El presagio del portavoz de los Técnicos de Hacienda es que Cataluña no será la única que acepte la quita. Independientemente del color político de su Gobierno, a Mollinedo le parece difícil que una comunidad rechace que el Estado le condone parte de su deuda.
Claro que hay otros puntos de vista. Para el economista José Carlos Sánchez de la Vega, lo que el Ministerio ha puesto sobre la mesa no deja de ser un parche con un impacto real "poco significativo".
De la Vega, que representó a Murcia en la comisión de expertos que trató de encontrar (sin éxito) una alternativa al actual modelo de financiación autonómica, recuerda que la propuesta de condonación de deuda ya estuvo entonces sobre la mesa, precisamente a petición del Ejecutivo murciano, entre otros. Pero aquel planteamiento era distinto: no se trataba de contentar a todas las comunidades, sino de compensar sólo a las peor tratadas por el modelo de financiación.
Dice De la Vega que esta versión que hoy ha presentado el Ministerio no tiene sentido, porque también va a beneficiar a comunidades a las que el actual modelo ha tratado bien.
Lo que hay que tener también en cuenta es que el mecanismo diseñado por Hacienda no tiene ningún coste para el Estado. La mayor parte de la deuda de las comunidades es con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). O lo que es lo mismo: su deuda es con el Estado. La condonación es apenas un ajuste interno sin ningún efecto sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit que España tiene comprometidos.
