Murcia está a la cola en los indicadores que valoran la Ley de la Dependencia con una nota del 3.1. Un suspenso detrás del que encontramos atención deficiente y retrasos en la valoración, según han puesto de relieve los responsables de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en el Congreso de los Diputados.
Han llevado a las Cortes el decimoquinto dictamen que analiza la evolución del sistema desde la aprobación de la Ley en el año 2006. En ese período han fallecido decenas de miles de personas esperando ser valoradas, concretamente una cada 15 minutos. En las listas de espera se encuentran 270.300 personas. Y la Región de Murcia no sale bien parada en el análisis. Figura en último lugar del ranking, según pone de relieve la vicepresidenta de la organización, Elena García, quien lamenta las diferencias territoriales en la atención.
El presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, habla de datos inasumibles, de los que no les gustan a los políticos y que no existirían de haber una aplicación rigurosa de la Ley y si se la dotara de los correspondientes presupuestos.
"Ni siquiera el importante incremento de financiación que recibió el sistema entre los años 2021 a 2023, en el Plan de Choque, dicen desde la Asociación de directores, ha logrado impedir que dicho sistema se desarrolle con un modelo low cost, con prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no responden a las necesidades de las personas en situación de dependencia". Es algo que se percibe, por ejemplo, en el descenso del empleo. Se opta por atención telemática en lugar de directa.
Por territorios, el informe avisa de que se mantienen las enormes desigualdades tanto en cobertura como en modelos de gestión. Murcia ocupa el último lugar.