Desde que entrara en vigor la Ley de Eutanasia hace 3 años en la Región de Murcia solo se han registrado 9 expedientes
La Región de Murcia es la comunidad autónoma con la tasa más baja en cuanto a eutanasia. Desde la puesta en marcha de la ley solo se han registrado 9 expedientes. Mientras que en el resto del país solo durante el pasado año 2023 lo solicitaron 750 personas.
Así se desprende de los datos facilitados por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que asegura que 350 españoles lograron durante 2023 ejercer su derecho a una muerte digna. Este colectivo ha dado a conocer estos con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia. En nuestra comunidad 102 profesionales sanitarios son objetores de conciencia, según ha explicado Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, quien ha añadido que el Gobierno de Murcia, con tasas más bajas, no ha elaborado un informe de evaluación.
Marín ha citado a la Región de Murcia, donde hay un vocal y un jurista que hicieron un informe de una persona con demencia que decía que no se podía constatar el sufrimiento, cuando el sufrimiento no se puede medir.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de que, según datos provisionales, en 2023 se han presentado 727 solicitudes y se han realizado 323 eutanasias. Son menos de las que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia en España, estimaba para los tres primeros años de la ley. En concreto, la tasa de eutanasias registradas en 2022 fue inferior al 0,07 % del total de muertes registradas en España.
A estas bajas tasas se suma una "enorme desigualdad" entre comunidades, con cifras superiores en Navarra, Cataluña y País Vasco, y hasta 10 veces más bajas en Murcia, Extremadura y Galicia, según ha detallado la responsable área de internacional DMD, Loren Arseguet. "No sabemos si estas cifras tan bajas en España se deben a que la tramitación de la eutanasia es farragosa y compleja, lo que explicaría el gran numero de personas que han muerto a la espera de tramitación", ha lamentado.
A partir del análisis de las últimas cifras oficiales -que corresponden a 2022- casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia fallecieron durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir. Además, DMD ha criticado la "excesiva duración" del procedimiento, con una media de 75 días, cuando por ley no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20 % del total.
En este sentido, Marín habla de "maltrato institucional". "Existe ese maltrato cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla... cuando la comisión se inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión".
Todo esto -lamenta Marín- contribuye a que haya muchas personas que lo pasan mal en el procedimiento. Para el vicepresidente de DMD, el problema además es que las comunidades no están en disposición de garantizar que se vaya a hacer una tramitación adecuada porque hay solicitudes de las que no se tiene conocimiento, "porque muchas no llegan a registrarse porque el médico le dice que no al paciente".
Ha puesto el ejemplo de una mujer de más de 80 años, con un cáncer avanzado y varias patologías que vivía en una residencia de monjas y que pidió la eutanasia, pero las monjas le dijeron que eso no era para ella "y ahí se acabó todo". Finalmente la mujer murió semanas después sin ni siquiera registrarse su petición.
"Todavía hoy en España, si va una persona a su médico de cabecera a pedir al eutanasia, el medico le va a decir que no sabe lo que le está pidiendo y que ya le responderá, pero esa respuesta no le va a llegar nunca", lamenta Marín, que aconseja informarse en las asociaciones que les pueden ayudar a gestionar esta solicitud.
Desde DMD afirman, no obstante, que no existe un "boicot institucional", y tampoco hay comunidades en las que no se practiquen eutanasias. "Nos preocupa mucho Castilla y León porque dentro de la Comisión hay miembros que han declarado públicamente su oposición a la eutanasia y nos parece que existe un conflicto y que va a haber un sesgo", ha denunciado.
Por contra, en el "grupo de cabeza", se encuentran Cataluña, Euskadi y Navarra, mientras que comunidades como Madrid, se encuentran "a mitad de tabla". DMD denuncia que ocho comunidades no han publicado ningún informe de evaluación desde la entrada de vigor de la ley: Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Galicia.
