El catedrático de Ciencia Política, Fernando Jiménez, asegura que la falta de respuesta social alimenta el descrédito cada vez mayor con el que los españoles contemplamos nuestra vida política
Este fin de semana, un artículo en el diario La Opinión contaba que el presidente del gobierno regional y del PP murciano, Fernando López Miras, comprometió ante notario a los cuatro diputados tránsfugas de Ciudadanos un puesto en las listas electorales de su partido a cambio de su voto para tumbar la moción de censura promovida contra el propio López Miras por el PSOE y la dirección regional de Ciudadanos.
La revelación, que no ha sido desmentida por ahora por el presidente del ejecutivo murciano, viene a confirmar -en opinión del catedrático de Ciencia Política Fernando Jiménez- que aquella fue una operación de puro transfuguismo político. Que no haya una respuesta social que sancione ese tipo de conductas es, a juicio de Jiménez, un síntoma preocupante de una sociedad que cada vez cree menos en los partidos políticos y en las instituciones democráticas.
La comisión de expertos independientes del Pacto contra el Transfuguismo ya dictaminó en su momento que tanto la actuación del presidente López Miras como la de los cuatro diputados de Ciudadanos que se desmarcaron de las decisiones de la dirección de su propio partido, debían ser calificadas de transfuguismo político. La existencia de un acuerdo firmado ante notario en el que se prometía un "pago en especies" a cambio de los votos puede no tener efectos jurídicos, pero desde luego despeja cualquier duda sobre la verdadera naturaleza de aquella operación.
Que un acuerdo ante notario no genere responsabilidad jurídica no exime a los firmantes de una responsabilidad moral por la que la sociedad debería pedirles cuentas. Lo que pasa, dice Fernando Jiménez, es que -a diferencia de lo que ocurre en otros países- en España estos comportamientos siguen saliendo gratis. Eso no significa que estas situaciones no tengan consecuencias: cree Fernando Jiménez que la falta de respuesta social sólo alimenta el descrédito cada vez mayor con el que los españoles contemplamos nuestra vida política y el funcionamiento de nuestras instituciones.
