El jefe provincial de la Inspección de Trabajo, Fernando Vélez, reconoce que no es fácil saber si el incremento es fruto del crecimiento de la economía sumergida o tiene que ver con una mayor eficacia de la Inspección
Los casos de explotación laboral en la Región de Murcia son más habituales de lo que podría parecer. En sólo dos días hemos conocido varias operaciones policiales contra esta lacra. La última ha supuesto la detención de seis personas que obligaban a 23 trabajadores agrícolas - la mayoría de ellos en situación irregular- a realizar jornadas de 12 horas de lunes a domingo y con salarios irrisorios. En ocasiones su traslado al campo lo realizaban junto al ganado.
La investigación, a cargo de agentes especializados de la Policía Nacional en la lucha contra las redes criminales de inmigración irregular, les condujo a tres explotaciones agrícolas cuyos responsables explotaban a esos ciudadanos especialmente vulnerables explica Jorge Brocal, portavoz policial.
Ayer conocimos otra operación en la que la Policía Nacional había desmantelado una organización empresarial especializada en la comisión de delitos de explotación laboral y favorecimiento de la inmigración ilegal que llevaba a cabo sus operaciones en Murcia y Ciudad Real. Ocho personas fueron arrestadas, entre ellas un intermediario que actuaba desde la Región de Murcia. Los detenidos están acusados de lucrarse en una compleja trama de contratación irregular de trabajadores indocumentados, a los que se daba de alta en la Seguridad Social suplantando la identidad de ciudadanos extranjeros que sí se encontraban legalmente en España.
En los últimos meses, la colaboración entre Inspección de Trabajo, Policía Nacional y Guardia Civil, ha permitido detectar en la región un creciente número de casos de explotación laboral. Gran parte de las víctimas de esos abusos son migrantes en situación irregular y, por tanto, más vulnerables. El sector agrícola concentra el mayor número de operaciones, aunque la vigilancia es también exhaustiva en la hostelería y el sector servicios.
El último balance de las operaciones conjuntas desarrolladas entre Inspección de Trabajo y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, arroja la evidencia de un incremento de las intervenciones vinculadas a casos de explotación laboral. Nos lo ha confirmado el jefe provincial de la Inspección de Trabajo, Fernando Vélez, que reconoce que no es fácil interpretar si ese incremento es fruto del crecimiento de la economía sumergida o tiene más que ver con una mayor eficacia de las autoridades a la hora de detectar irregularidades
Aunque en el catálogo de víctimas hay de todo tipo y condición, la mayor parte son migrantes que carecen de permiso de trabajo y que, por tanto, se encuentran en una posición que les hace especialmente vulnerables. Cuando una de estas tramas de explotación es descubierta y desmantelada por las autoridades, para algunas de esas víctimas se abre una puerta a la esperanza. Como nos explica Fernando Vélez, aquellos que no tienen abierto previamente un expediente de expulsión por cualquier otro motivo, pueden acceder a un mecanismo acelerado para regularizar su situación en España. El problema muchas veces es poder demostrar que llevan algún tiempo vinculados al empresario que ha abusado de ellos.
Los abusos son diversos y de diferente intensidad. Hay casos en los que sólo existe alguna irregularidad administrativa menor; pero hay otros -mucho más sangrantes- que incluyen jornadas interminables por salarios de miseria. Abundan en el sector agrario, aunque Vélez nos explica que también centran su atención en la hostelería y el sector servicios.
Para completar este relato nos quedamos pendientes de un incidente del que este viernes tendremos más detalles, en una rueda de prensa anunciada por CCOO. Pero anoten también en este contexto el caso de Denis Antonio Sáenz, un joven nicaragüense fallecido en Lorca el pasado 10 de febrero. Vivía con su pareja, Liliam Miranda, en las instalaciones de la granja de ovejas en la que trabajaba.
Una infravivienda sin agua corriente que obtenía electricidad de un generador cuyos gases les causaron una intoxicación por monóxido de carbono que acabó con la vida de Denis y envió al hospital a su pareja. Sus familiares están ahora tratando de recaudar fondos para poder repatriar el cadáver de Denis y para intentar traer a España a los dos hijos de 7 y 9 años que tenían en Nicaragua. Denis Antonio Sáenz tenía 35 años y apenas llevaba tres meses en España, a donde había llegado con un permiso de trabajo de seis meses. Este viernes habrá ampliación.
