Quieren que se incluya un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, porque una de las fallecidas trabajaba sin contrato en la discoteca la noche del incendio, según los abogados
Familiares de las víctimas del incendio que el 1 de octubre de 2023 arrasó dos discotecas en la zona de Atalayas, en Murcia, causando la muerte a 13 personas quieren que la jueza que investiga el caso amplíe la instrucción abierta e incluya un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, ya que una de las fallecidas estaba trabajando sin contrato en la sala la noche del siniestro.
Para ello, la abogada que defiende a los familiares de esta víctima mortal, Rosa Egea, ha solicitado la declaración de una clienta habitual de Fonda Milagros, donde se produjeron las muertes, y del viudo de la fallecida, Ferney Lozano, que también era empleado del local y que, según ha declarado, tampoco tenía contrato.
Ferney ha asegurado que llevaba trabajando para los propietarios desde el año 2018 y que, desde entonces, solo ha tenido contrato durante un año. Aquella noche, él y su esposa, Olga Lucrecia, entraron a trabajar a su horario habitual. Él pudo salir a tiempo, su esposa no tuvo tanta suerte
La otra testigo que ha declarado, Andrea, era clienta habitual de Fonda Milagros. Aquella noche se fue a casa antes de que comenzara el incendio, pero ha corroborado que tanto Lozano como su mujer eran empleados de la discoteca.
La declaración de estos testigos también ha servido, según la abogada Rosa Egea, para corroborar que los locales no contaban con las medidas de seguridad exigidas por ley, puesto que la discoteca carecía de carteles reflectantes, luces de emergencia o sistemas anti-incendios. Además, los testigos han acreditado que no había ninguna salida de emergencia más allá de la puerta de acceso al local.
Los próximos 4 y 6 de marzo se producirán nuevas testificales, en este caso, solicitados por la defensa de los propietarios de la discoteca.
