Los magistrados coinciden en que la ley de Amnistía "enfrentará recursos que perdurarán hasta dos años"
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Por el programa Tarde Abierta han pasado el ex magistrado Pascual Ortuño, con una larga experiencia en Cataluña, y los representantes de las asociaciones Francisco de Vitoria, Francisco Cano, y Profesional de la Magistratura, Fernando Madrid. Hay opiniones diferentes, pero el debate nos deja algunos lugares comunes, el más claro la convicción expresa de todos los participantes de que si la Ley de Amnistía pasa los filtros parlamentarios y judiciales y entra finalmente en vigor, no habrá "objeciones de conciencia" y los jueces aplicarán estrictamente la norma.
La primera reflexión interesante la ha dejado el magistrado ya retirado Pascual Ortuño. Entiende la reacción de las asociaciones judiciales y asume que los profesionales de la justicia no pueden sustraerse a un debate social que está en la calle. Pero pide prudencia, porque los jueces que ahora opinan puede que, en el futuro, tengan que aplicar la norma.
A la Asociación Francisco de Vitoria, la ley le suscita dudas de constitucionalidad. Explica Francisco Cano que no acaban de ver una justificación en términos de oportunidad y consenso social que defina la finalidad de esta amnistía. Cano entiende que esa posición es una "advertencia" que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional y, en su caso, los tribunales europeos. De lo que no puede haber dudas es de que la norma, si entra finalmente en vigor, será aplicada por todos los jueces.
El más crítico con la norma es Fernando Madrid, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura. Cree que "se está atacando el principio de igualdad ante la ley", aunque admite que todas las amnistías suponen una vulneración de ese criterio. También percibe que en la norma sólo hay cesiones por parte del Estado Español, sin que los que en su momento vulneraron las leyes hayan pedido perdón:
Sobre esto, Pascual Ortuño sostiene que quien debe decidir si la ley es o no oportuna no es otro que el propio Gobierno. Cree que es una decisión política enormemente arriesgada, pero se muestra optimista sobre sus efectos. Efectos que deben medirse en términos de apoyo a los partidos independentistas y que se apreciarán en los resultados de las próximas elecciones europeas.
Desde la Francisco de Vitoria, Francisco Cano, recuerda que su principal motivo de queja tenía que ver con una parte del acuerdo de investidura, la que planteaba la revisión de decisiones judiciales supuestamente politizadas, que finalmente no está en la norma. Aunque estarán vigilantes.
Un último apunte: a pesar de estar claramente en contra de la Ley de Amnistía, Fernando Madrid, de la Asociación Profesional de la Magistratura, sostiene que exigir -como hace VOX- que el Senado no tramite la ley orgánica es un error mayúsculo.
