Entre los citados, la concejal del PP de Cartagena Carolina Palazón, y a Isaac Vaquer, el periodista del ayuntamiento que contrató presuntamente a la trama del caso Púnica para favorecer a la entonces alcaldesa
EUROPA PRESS
La magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer no va a archivar, por el momento, la causa que instruye contra la senadora -antes del PP y hoy en el grupo mixto- y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro por delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos en la rama murciana del caso Púnica. Antes de decidir sobre este asunto escuchará a tres nuevos testigos, a los que ha citado para el próximo 11 de mayo.
En una providencia hecha pública este lunes, la magistrada cita a la concejal del PP de Cartagena Carolina Palazón, al periodista del ayuntamiento que contrató presuntamente a la trama para favorecer a la entonces alcaldesa Isaac Vaquer y al Francisco Javier Bueno, empleado del conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro e investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional.
En su resolución, que tiene fecha del pasado jueves 19 de abril, la juez Ferrer reclama además al Juzgado Central de Instrucción número 6, que es el que investiga el caso Púnica en la Audiencia Nacional, testimonio de la documentación ya aportada en su día en la Audiencia Nacional por María de Mar Conesa, persona de confianza de Barreiro en el consistorio cartagenero, que ya declaró en dicho órgano el 4 de octubre de 2016.
TESTIGO INVESTIGADO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Respecto de Francisco Javier Bueno, y dada su condición de investigado en la Audiencia Nacional, la juez Ferrer precisa que se le informará, pese a no dirigirse contra el la causa que ella instruye en el Supremo, de su derecho a no declarar, a la dispensa de obligación de prometer o jurar decir verdad así como de ser asistido de letrado pese a su condición de testigo.
En la exposición de motivos que remitió al Supremo el juez Eloy Velasco, que instruía este caso antes de su ascenso a la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, se afirmaba que la la exalcaldesa del PP en la ciudad murciana participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto.
La Fiscalía solicitó el pasado 15 de marzo el archivo de las actuaciones contra la senadora del PP "al no haber resultado debidamente justificada" la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra ella.
Concretaba que no existe ningún documento que permita confirmar que Barreiro participara en la elaboración de un plan criminal para que los gastos para mejorar su imagen en las redes sociales -trabajos de reputación contratados con las empresas de De Pedro- fuera asumidos por la Consejería de Educación de Murcia a través de un contrato simulado de formación. Además, de confirmarse esta hipótesis, el asunto sería pagado por el PP tal y como confirmó el presidente regional de este partido Francisco Celdrán.
La senadora declaró el pasado 15 de enero en el Supremo , donde negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro --considerado el conseguidor de la trama Púnica-- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, dijo que estaba previsto que lo pagara el partido, un dato que días después confirmó un cargo regional del PP. Tras estas diligencias se produjo la petición de la Fiscalía.
En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.
Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros --que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención--. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.
