La LFP también se ve alcanzada por el plan de reestructuración grana, y la deuda de 2,3 millones de euros quedará reducida a apenas 115.000.
GREGORIO LEÓN
El plan de reestructuración del Real Murcia es transversal. Alcanza a todos los acreedores privados, a contratos suscritos lesivos para los intereses de la entidad. Da igual el nombre que tengan: Mauricio García de la Vega, Julián Luna, Enrique Roca... Nadie escapa a él, como una red tupida en la que han caído todos. También la Liga de Fútbol Profesional, que tiene contra la entidad grana un crédito de derecho privado por una cuantía superior a los dos millones de euros.
El Murcia debe todavía a la patronal que preside Javier Tebas 1.950.000 euros, préstamo otorgado por la LFP como ayuda del descenso traumático de 2014, y que el club murcianista debe devolver cuando regrese al fútbol profesional, y otros 350.000 euros de deuda concursal. La cifra global es de 2.300.000 euros. Según el plan de reestructuración elaborado minuciosamente por el Real Murcia, este derecho a favor de la LFP es considerado crédito ordinario de acreedor (no pymes) o grandes empresas, y por tanto, sometido a una quita del 95 por 100, y el abono de un 5 por 100, pagadero en tres años. Por tanto, la deuda quedará reducida a apenas 115.000 euros.
De esta manera, gracias al plan impulsado por Higinio Pérez y Andrés López, el Real Murcia acabará con otro problema que venía arrastrando desde hace años, y que añadía más sal a la herida aún sangrante para el murcianismo por el descenso de 2014. Para gran parte de la afición, el club entonces presidido por Jesús Samper fue expulsado del fútbol profesional, no en razón a consideraciones jurídicamente objetivas, sino personales. Otros clubes, con deudas de igual o mayor tamaño que el Murcia, no perdieron la categoría. El Murcia, sí, en una tarde de calor abrasador, por culpa de un auto salido de los Juzgado de lo Mercantil de la Gran Vía de Madrid. Un episodio que jamás olvidarán los aficionados.
