Felipe Moreno y Enrique Roca buscan una solución pactada. El jueves acaba el plazo para que los afectados impugnen el plan de reestructuración de deuda privada promovido por el Murcia.
GREGORIO LEÓN
El auto de homologación dictado por el Juzgado de lo Mercantil declaró resuelto el contrato del Real Murcia con Enrique Roca, en virtud del cual el nombre del estadio donde juega sus partidos debe llamar Nueva Condomina Enrique Roca o Enrique Roca de Murcia. Esa es la nomenclatura legal. A partir de ese momento, el club grana puede proceder a modificar el nombre actual. Pero no es tan sencillo. Desde hace semanas se está jugando una partida de ajedrez en la que hay movimientos de piezas, largamente estudiados, todas las semanas. La anterior hubo hasta dos reuniones entre Felipe Moreno y Enrique Roca, la última el sábado, en pleno proceso de digestión del empate que dejó el 'play off' a una distancia insalvable. A la una de la madrugada abandonaron el estadio Nueva Condomina, con algunos avances.
El Murcia tiene la sartén agarrada por el mango. Le bastaría pedir la ejecución provisional del auto de María Dolores de las Heras para sustituir el nombre del campo por otro. No le resultaría nada difícil encontrar otra empresa que dé más de los 160.000 euros anuales actuales que aporta el empresario lorquino. E incluso, la recuperación de Nueva Condomina, nombre de profundas implicaciones sentimentales para los aficionados, en los que no ha calado la etiqueta de Enrique Roca, sin peso alguno en la historia del club. Pero Roca tiene una carta en su mano: la posibilidad de impugnar ante la Audiencia Provincial el auto de homologación.
Junto a Julián Luna ha sido el opositor declarado al plan promovido por la entidad grana que rebajar la deuda privada. Y Felipe Moreno, aconsejado jurídicamente, está midiendo los riesgos de que el asunto acabe en la Audiencia Provincial, que podría confirmar el auto o por contra, caminar en sentido contrario.
Hay diez millones en juego, los que absorbe el plan. Moreno maneja esa clave. Pero por encima de todo aparecen los derechos del Real Murcia. Felipe Moreno se mueve con un principio innegociable: no asumirá ningún contrato que sea lesivo para los intereses de la entidad. El de Enrique Roca es un ejemplo de manual, según la apreciación del máximo accionista grana. La cantidad estipulada en tal contrato es de apenas 160.000 euros, y el acuerdo es extensible hasta 2029. Y más allá. Roca tendría la posibilidad de ampliarlo diez años más, hasta 2039, si igualara el valor de tasación que deberá hacer en 2029 una empresa externa contratada por el Real Murcia. Ejercido el derecho de tanteo, se quedaría con el nombre del campo durante un total de veinte años. El contrato es perjudicial también para el Murcia porque impide que otras empresas inmobiliarias puedan inyectar dinero, a través de acuerdos publicitarios, al club, mermándolo económicamente. Demasiadas cláusulas lesivas para el Murcia. Y esa misma lectura ha hecho el Juzgado de lo Mercantil. Y eso también está en la balanza.
La solución: que Enrique Roca pague más
La única salida posible es que Enrique Roca incremente de forma considerable la aportación actual, acercándose a los 500.000 euros que estima Felipe Moreno vale el naming del estadio en Primera RFEF. Pero el lorquino no parece inclinado a llegar a esa cantidad, según fuentes de la negociación. Roca, que aprieta mucho económicamente (le pidió el año de la pandemia al Murcia que le liberara de pagar los 160.000 euros alegando que no iba gente al estadio, y el Consejo de Administración lo aceptó, con un voto en contra), quiere sí o sí que su nombre siga en la fachada del estadio. Y movido por ese deseo se podría encontrar en un punto de convergencia con Felipe Moreno.
Este jueves acaba el plazo de impugnaciones
Y mientras se celebran encuentros multilaterales, los días acaban para la presentación de impugnaciones al auto de homologación judicial del plan de reestructuración, El jueves expira el plazo. Enrique Roca y Julián Luna deberán tomar una decisión antes de esa fecha.
Si hay impugnaciones, el Murcia se vería expuesto a una resolución contraria de la Audiencia Provincial. Ya vivió una situación de alarma cuando el Juzgado de lo Mercantil fijó una vista oral para el 12 de marzo a fin de resolver la petición de concurso necesario solicitada por un acreedor (una empresa de limpieza). De haber sido aceptada, el control del club habría quedado en manos de un administrador judicial. Una gestión jurídica detuvo el proceso y la vista no se celebró.
