30 años del triple crimen de los novilleros en Cieza
REBECA ESCRIBANO. Murcia
Estos días se cumplen 30 años del triple crimen de los novilleros ocurrido en la finca Charco Lentisco en Cieza, en el que fueron muertos a tiros tres novilleros de Albacete que habían acudido a “hacer la luna”, es decir, torear de forma clandestina bajo la luna. Los cadáveres de Lorenzo Franco “El Loren, Juan Carlos Rumbo y Andrés Panduro fueron encontrados en la madrugada del uno de diciembre de 1990 en uno de los caminos de acceso a la finca, que se encuentra en la carretera que conduce desde la Venta del Olivo hasta Calasparra.
Ese fue el primer suceso que cubrió Onda Regional de Murcia a los pocos días de iniciar su emisión en pruebas. Fue una información que dió en exclusiva la emisora pública.
Nuestro compañero Luis Belló, natural de Cieza, llevaba unos días trabajando en Onda Regional cuando se produjo el crimen. Recuerda que para la reconstrucción del crimen se acreditaron más de 70 medios nacionales internacionales y que él consiguió colarse en el lugar.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia condenó al ganadero Manuel Costa, propietario de la finca, y a su empleado José Manuel Yepes, como autores de tres delitos de asesinato, a penas para cada uno que sumaron 81 años de prisión.
El tribunal consideró probado que los tres novilleros fueron acorralados dentro de la finca cuando, al volver a la misma el ganadero y su empleado, que acababan de cenar en el domicilio de la familia de este, observaron que había intrusos en la misma.
En un principio los tres asesinatos fueron asumidos por un hermano de Yepes, menor de edad entonces, que con su testimonio exculpaba tanto a Costa como al otro acusado, pero pronto se comprobó que su versión carecía de credibilidad, al observar que el arma homicida fueron encontradas huellas de su hermano, quien finalmente acompañaría en el banquillo al ganadero, siendo los dos únicos acusados.
Aunque Manuel Costa siempre negó haber participado en el triple crimen, el tribunal lo consideró responsable de los hechos al tener el dominio de la situación y al haber podido evitar -lo que lo hizo- que su empleado disparara contra los indefensos novilleros.
Tras una batalla ante los tribunales que se prolongó por espacio de más de veinte años, los familiares de las víctimas consiguieron que el Estado asumiera el pago del importe de las indemnizaciones fijadas, que se concretó en más de cien mil euros para los herederos de cada uno de ellos.
La responsabilidad del Estado fue declarada por la Audiencia Nacional, que consideró probado que se había producido un anormal funcionamiento de los servicios públicos al no haberse evitado a tiempo la transmisión a terceros de las propiedades de Costa, lo que hacía inviable el pago de las indemnizaciones a las que fue condenado.
