El constitucionalista Ignacio González García considera que la norma ha funcionado "razonablemente bien", aunque apuesta por ajustes técnicos que clarifiquen el reparto de competencias entre el Estado y la Región
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia cumplirá 45 años en 2027 y es uno de los pocos que no ha acometido grandes reformas desde su nacimiento. Un estatuto que "ha funcionado razonablemente bien" y que "no necesita una reforma urgente", en opinión del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Ignacio González García.
Este experto asegura que el estatuto de la Región es una buena norma jurídica en términos técnicos que se ha ido adaptando al nuevo marco competencial con pequeñas reformas. González García dice que "no estamos tan mal" como para llevar a cabo un cambio urgente, y recuerda que hay otras comunidades como Madrid o País Vasco que tampoco han acometido grandes reformas
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia cumplirá 45 años en 2027 y es uno de los pocos que no ha acometido grandes reformas desde su nacimiento. Un estatuto que "ha funcionado razonablemente bien" y que "no necesita una reforma urgente", en opinión del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Ignacio González García.
Este profesor de Derecho Constitucional apunta que sí sería deseable mejorar cuestiones desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, Ignacio González García recomienda incorporar al Estatuto una mayor precisión del reparto competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma para recoger la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de las últimas décadas
Atrás quedó la retirada de la reforma del estatuto de autonomía de la Región de Murcia en 2021 cuando ya se estaba tramitando en el Congreso, tras el terremoto político por la moción de censura.
Ignacio González García ve difícil que ahora se pueda alcanzar una mayoría suficiente para una reforma. En cualquier caso este experto desaconseja llevarla a cabo para hacer política de enfrentamiento con el Estado, por ejemplo en materia de agua con el trasvase Tajo-Segura. Sostiene que no es conveniente que una Comunidad Autónoma pretenda blindar decisiones que tiene que compartir con el Estado o que son exclusivas del propio Gobierno central
